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PANORAMA
DE BOLIVIA
Agitaciones
en el corazón andino
La recuperación del gas como recurso estratégico
es el disparador de un nuevo reclamo popular. Entre marchas,
cortes de rutas y una huelga nacional, tambalea el gobierno de
Gonzalo Sánchez de Lozada. Un recorrido por la historia de
uno de los países más pobres de América Latina que se ha
levantado para defender su riqueza.
Por
Jesica Bossi
jbossi@segundoenfoque.com.ar
“Bolivia es un país de novela. Su historia es un relato
fantástico cruzado por capítulos de generosa rebeldía
popular y otros de mezquinas traiciones, con violencias
inauditas, entre las que hay que contar 189 golpes de Estado
consumados por fuerzas armadas que, casi siempre, actuaron
como el brazo armado de los poderosos.” Así define José
Manuel Pasquini Durán al país andino, en un artículo
publicado en el diario Página/12[1].
Bolivia, donde 6 de cada 10 personas viven en la pobreza, es
escenario de protestas callejeras, bloqueos de rutas y
huelgas. Definida por sus protagonistas como la “guerra del
gas”, la mayoría del la sociedad boliviana se opone a un
proyecto de exportación de ese recurso a Estados Unidos y México.
Con el fin de realizar la jugosa operación se conformó el
consorcio LNG Pacific que aglutina a las petroleras más
poderosas del globo: Repsol, British Petroleum Group y
British Gas. Además, esta venta se concretaría a través de
un puerto bajo administración chilena, en un territorio que
los bolivianos cedieron a sus vecinos tras la guerra del Pacífico
(1879) y que significó la pérdida de su única salida al
mar.
En este contexto, se conformó la Coordinadora Nacional de
Recuperación y Defensa del Gas en septiembre pasado. La
flamante agrupación está integrada por representantes de la
Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones sociales,
profesionales y políticas, militares, campesinos, obreros y
desocupados, entre otros. “Nos hemos reunido para expresar
nuestro deseo de unirnos, organizarnos y movilizarnos en torno
a la recuperación y la defensa de nuestros recursos
naturales, nuestro patrimonio y nuestra vida”, sostuvieron
en su primer manifiesto.
A pesar de poseer la segunda reserva de gas natural de América
del Sur, los bolivianos se quejan porque no les llegan los
beneficios de tal riqueza. Según datos el Ministerio de
Desarrollo Económico (junio de 2002), Bolivia tiene 52
trillones de pies cúbicos de gas. De éstos, 27,3 son
probados y 24,9 probables. En la actualidad, las reservas
pertenecen a empresas extranjeras luego de haber sido cedidas
gradualmente desde 1985. Fue entre 1992 y 1997 cuando se
profundizó el proceso de privatización y, a través de leyes
y decretos, se entregó la totalidad del recurso energético a
manos privadas extranjeras (ver aparte). Y fue el propio
Gonzalo Sánchez de Lozada, en su primera presidencia, quien
transfirió la propiedad de los hidrocarburos a las
transnacionales el 4 de agosto de 1997, dos días antes de
culminar su mandato, mediante el decreto 24.806.
Los opositores
“El actual gobierno se asienta en las capas
empresariales y en algunos sectores medios. Tiene poco apoyo
popular. Los partidos que lo apoyan son el MNR (Movimiento
Nacional Revolucionario), pero con poco peso, el MIR (Movimiento
de Izquierda Revolucionaria), que se ha desacreditado por
haber pasado desde el castrismo a acompañar al grueso de los
presidentes desde 1982, y otras fuerzas menores”, explica el
analista internacional Isaac Bigio (ver aparte). Y señala:
“Es probable que el actual gobierno no culmine su mandato
constitucional. Sánchez de Lozada llegó a la presidencia con
menos de un quinto de los votos y su coalición es débil y
sometida a intensas presiones sociales”.
Uno de los sectores más aguerridos de la oposición es el
encabezado por el diputado por el Movimiento al Socialismo
(MAS), Evo Morales. El dirigente socialista, con una vasta
trayectoria sindical, lidera a los campesinos cocaleros de la
región del Chapare. Se ha enfrentado en reiteradas
oportunidades al gobierno en defensa de los cultivos de coca y
en contra de los planes de erradicación. Consultado en
diciembre pasado por Segundo Enfoque, Morales
habló sobre el significado de la hoja de coca: “Es un
producto agrícola, un producto natural que económicamente
tiene mucha influencia en Bolivia. Culturalmente es la vértebra
de la cultura quechua-aymara. Si hablamos políticamente, se
ha convertido en símbolo de nuestra unidad y en defensa de
nuestra dignidad nacional. La hoja de coca representa la
cultura, la dignidad y la soberanía cuando es víctima del
imperialismo norteamericano”.
Por su parte, el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) es otro
de los frentes de batalla. Su jefe, Felipe Quispe, también es
diputado y además lidera la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Esta organización
tiene un carácter indianista y su base social está en las
aldeas aymaras, en su mayoría, en el departamento de La Paz.
Tanto Quispe como Morales tienen un discurso en contra del
neoliberalismo, rechazan la concreción del ALCA y proponen la
recuperación de los recursos naturales. No obstante,
mantienen diferencias políticas que han obstaculizado la
articulación de ambas corrientes.
De rebeldías populares
A muchos bolivianos la lucha en defensa del gas, les trae
a la memoria la hazaña de los cochabambinos hace poco más de
3 años. En ese entonces, la denominaron “guerra del
agua”. Los ciudadanos se organizaron y conformaron una
coordinadora para pedir la modificación de la Ley de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario, sancionada en septiembre
de 1999, y la anulación del contrato de concesión con el
consorcio internacional Aguas de Tunari. Esta compañía había sido creada en las Islas Caimán, con un capital de
2500 dólares y estaba compuesta por International Water UK,
una filial de la compañía norteamericana Bechtel, Abengoa,
de España y un grupo de empresas bolivianas. La promesa
incumplida de mejorar el servicio y un incremento de tarifas
fueron los motivos que alentaron la revuelta de abril de 2000,
que significó la cancelación de la concesión.
Otros van más lejos aún y recuerdan la Revolución de
1952. En abril, el levantamiento popular puso fin al gobierno
de “la rosca” (las tres familias dueñas de las minas) y
colocó en el poder a Víctor Paz Estenssoro, del MNR, que
paradójicamente es hoy el partido de Sánchez de Lozada. La
nueva administración materializó cambios radicales:
nacionalizó el estaño, extendió el sufragio a los indígenas
iletrados, y concretó una reforma agraria. Tal vez otra de
las singularidades de la historia boliviana es que el mismo
Paz Estenssoro, luego de una gestión nacionalista y popular
haya regresado a presidencia de la nación para sentar las
bases de un modelo neoliberal.
Desde que asumió como jefe de Estado, en agosto de 2002, Goñi
–el sobrenombre del mandatario- ha lidiado con un alto nivel
de conflictividad social. A su enfrentamiento con los
cocaleros, se sumó en febrero de este año una revuelta que
culminó con un baño de sangre. El disparador de las jornadas
de resistencia del 12 y 13 fue un impuesto al salario de un
12,5 % que afectaba a 750 mil trabajadores en relación de
dependencia. Esta medida económica, orientada según el
gobierno a bajar el déficit fiscal, se anunció en el marco
de un paquete de ajuste que incluía una suba de impuestos a
las petroleras y una reducción de los gastos burocráticos.
El estallido social nació en la ciudad capital, pero tuvo una
reacción en cadena hacia otros rincones del país. En La Paz,
la policía se amotinó a modo de protesta por las recientes
medidas y luego mantuvo una batalla campal con efectivos de la
policía militar y del ejército en la Plaza Murillo, frente
al Palacio Quemado. A este episodio se agregó el bloqueo de
carreteras y una huelga nacional. Sánchez de Lozada dio
marcha atrás con la iniciativa económica, pero los sucesos
tuvieron un cierre gris: los enfrentamientos causaron la
muerte de más de 30 personas y hubo cientos de heridos.
La “guerra del gas” también ha cobrado sus víctimas. El
20 de septiembre, los campesinos de la localidad de Warisata,
a 100 kilómetros de La Paz, bloquearon las carreteras en el
contexto de una protesta nacional. El gobierno dispuso un
“operativo de rescate” de turistas extranjeros que se
encontraban cercados en el lugar. Dicho plan terminó en un
choque violento que arrojó un saldo de 7 muertos.
Marginados
Más de la mitad de la población de Bolivia está
compuesta por indígenas, mientras que el resto son mestizos y
descendientes de españoles. “El 33% de los habitantes habla
el quechua y el 21% el aymara, dos lenguas heredadas del
imperio incaico, que ninguna colonización logró quebrar. Lo
que es seguro es que al presidente Sánchez de Lozada no lo
entienden, porque hasta su español es insuficiente, ya que
toda su vida estudió y vivió en Estados Unidos”,
reflexiona, en su artículo, Pasquini Durán.
Desde la llegada de los españoles, los indígenas han sido
sometidos y explotados. En aquel entonces eran las minas de
Potosí las que emanaban riquezas que engrosaban las arcas de
la península ibérica. Hoy, el gas es un recurso estratégico
que no está en manos nacionales y los beneficios que produce
tampoco llegan a los bolsillos de los bolivianos.
En tierras de la civilización milenaria, 6 de cada 10
personas viven en estado de pobreza o pobreza extrema. Esto se
agrava en el sector rural, donde la cifra trepa a 9 de cada
10. Según el
Instituto Nacional de Estadística (INE), en 1998 existían
2,3 millones de ciudadanos que no disponían de energía eléctrica
en sus domicilios, mientras que en 2002 detectaron 3,1
millones de personas en esa situación. En este mismo período,
la cantidad de habitantes que no dispone de conexión de agua
potable aumentó en más de un millón. En su resumen estadístico
de septiembre, el INE establece que la tasa de desempleo en área
urbana es de 8,69%, aunque según analistas privados el índice
sería muy superior.
Hoy, medio siglo después de la revolución, los sectores
excluidos de la población intentan repetir la proeza. La
miseria cotidiana no es obstáculo para el resurgir del pueblo
boliviano que lucha por sobrevivir.
Pasquini Duran, José Manuel. “Indomables” - Página/12
(14-02-03)
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