|
EL PANORAMA QUE NO FUE
Sobre el cerco de la
censura
Julio Nudler denunció que Página/12 no publicó una
columna suya porque contenía críticas contra los principales
funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner. Se produjo un
terremoto en el periódico y en todo el espectro de medios de
comunicación. Aquí, la historia completa y, lo más importante,
la oportunidad de leer lo que el poder quiso ocultar.
Por Jairo
Straccia
jstraccia@segundoenfoque.com.ar
“El diario argentino fundado por Jorge Lanata, que irrumpió
hace 17 años con un estilo desobediente e impactó por su
posición ideológica y por su independencia, se terminó. Mucho
después de la partida de su hacedor, y también de su absorción
por el Grupo Clarín, por primera vez se ve a Página/12
siendo oficialista, predecible y aburrido.”
Así escribimos en Segundo Enfoque el Metamensaje
de mayo de 2004, cuando preveíamos el derrumbe de este
periódico, del que únicamente rescatábamos (y rescatamos) sólo
algunas plumas, entre ellas, la de Julio Nudler.
Precisamente este periodista, jefe de la sección Economía,
denunció el 23 de octubre a través de un correo electrónico
(ver documento aparte) que su habitual columna de los sábados
no había sido publicada ese día porque había sido censurada
por sus críticas y acusaciones de corrupción sobre los nombres
más importantes del gobierno de Néstor Kirchner.
El 27, el editor responsable, Ernesto Tiffenberg, respondió en
la contratapa con un artículo titulado “Campaña”: allí se
defendió diciendo que Nudler había entregado su trabajo fuera
del horario permitido, y que además había que verificar
algunos datos; también expresó que el periodista había
arreglado un contrato de trabajo con Sergio Spolsky para
desempeñarse en la revista Veintitrés y que la denuncia
formaba parte de una campaña de desprestigio operada por el
empresario contra el diario (ver documento aparte).
Ante esta respuesta, Nudler –que había dicho en su correo que
no daría entrevistas ni hablaría sobre la cuestión en otros
medios- rompió el silencio y dio su opinión ante la Agencia
Nacional de Comunicaciones de la Unión de Trabajadores de
Prensa de Buenos Aires (UTPBA).
“Esa columna no publicada resumía informaciones que ya había
brindado en otras notas hechas por mí en otros espacios a lo
largo de la última década. Por lo tanto, no se trataba de
ninguna primicia a chequear, como da a entender la empresa”,
subrayó.
Al mismo tiempo, los demás trabajadores de Página/12
emitieron un comunicado donde expresaron su respaldo a Julio
Nudler y su repudio al texto de Tiffenberg, y agregaron que no
se trató de una censura aislada sino que forma parte de “una
sucesión de episodios similares” (ver documento aparte).
Con este hecho ocupando buena parte de la agenda de los medios
de comunicación, llegó el momento de que la Asociación para la
Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS), conformada
por profesionales de larga (y en algunos casos intachable)
trayectoria, sentara una postura.
La organización finalmente emitió un comunicado en el que
desestimó que se hubiera tratado de censura. “Se encuadra en
la dinámica de las habituales relaciones entre un periodista y
su editor”, argumentaron en el texto (ver documento aparte).
Como consecuencia del pronunciamiento, según cuenta Carlos
Gabetta en Informe Dipló I de este mes, nueve
profesionales abandonaron PERIODISTAS: Claudia Acuña, María
Laura Avignolo, Carlos Gabetta, Uki Goñi, Jorge Lanata, Tomás
Eloy Martínez, Norma Morandini, Silvia Naishtat y Claudia
Selser.
Ernesto Tiffenberg sostuvo en su defensa que el panorama
económico de Julio Nudler no salió porque llegó tarde y porque
había que verificar algunos datos que en él se vertían. De
haber sido así, pudo haberlo publicado al día siguiente, o el
lunes, o el martes, o el miércoles… y no lo hizo.
Aquí, el texto de la nota que no fue, que publicamos sin
autorización de su autor y sólo por el derecho del público a
estar informado:
De títeres y titiriteros
Por Julio Nudler
Para la congoja causada por la reciente muerte del salteño
Roberto Guzmán hay ahora un triste consuelo: al menos no
alcanzó a enterarse del nombramiento de Claudio Moroni al
frente de la Sindicatura General de la Nación, un hecho quizá
más escandaloso aun que la designación de Martín Pérez Redrado
al frente del Banco Central y de Miguel Pesce en la
vicepresidencia. Guzmán, autor del memorable libro "Saqueo
asegurado", fue entre 1994 y 1996 liquidador del Instituto
Nacional de Reaseguros, enfrentándose desde ese cargo con uno
de los sectores más corruptos de la Argentina: el del seguro.
Pero Guzmán -nombrado por Domingo Cavallo, que gradualmente
pasó a arrepentirse de haber elegido a una persona tan decente
e insobornable- no debió lidiar sólo contra los aseguradores
privados, que pretendían tener acreencias contra el iNdER por
unos 2000 millones de pesos/dólares, sino también contra el
tándem que conducía la Superintendencia de Seguros de la
Nación: Alberto Fernández y su incondicional y apolítico
Moroni. Ellos presionaban para que el IndER "reconociera" una
deuda de casi 1200 millones con el sector, cuando Guzmán (que
denominaba a ese delirio "un cut off a la criolla") demostró
fehacientemente que el pasivo a lo sumo llegaba a 500
millones. Frustró así uno de los mayores robos contra el
Estado. Persona bien educada al fin, cuando debió dejar su
cargo en diciembre de 1995, el actual Jefe de Gabinete del
presidente Kirchner se cruzó hasta el Instituto a presentar
sus saludos, declarando en ese momento que, luego de haber
conducido la SSN desde la asunción de Carlos Menem, pensaba
dedicarse a la política.
En ese cometido lo ayudó Alberto Iribarne, patrón del
Justicialismo porteño. En 1999 Fernández, gracias a su
estrecha vinculación con las aseguradoras, la mitad de las
cuales pertenecían a bancos, pudo ocuparse de la financiación
de la campaña del hincha del Taladro. Iribarne fue,
precisamente, quien cumplió, desde la llegada de Eduardo
Duhalde a la Presidencia, la encomendada tarea de inutilizar
la Sigen, peculiar misión en la que luego le sería de gran
provecho la designación como Síndica General Adjunta de
Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido y persona que,
según opinión generalizada en el organismo de contralor, ni
siquiera conoce lo mínimo como para serle útil a su marido el
ministro. Pocas semanas atrás, Página/12 constató que en la
página de Internet de la Sindicatura el currículum de la
señora seguía "en preparación", luego de meses y meses. ¿Pero
es que ni siquiera había presentado su CV para ser designada?
Tras la nota de este diario, alguien se apresuró a subir al
sitio los magros antecedentes de la dama. Aunque estos
despropósitos, absolutamente impropios de una república, en la
que se supone que los servidores públicos deben rendir
cuentas, provoquen melancólicas sonrisas, en realidad
involucran hechos gravísimos. El bochornoso caso de la cónyuge
de De Vido no es la excepción. A ella le asignaron como
responsabilidad de síndica el Pami. La consecuencia de su
intervención, junto con la escasa solvencia técnica de
Graciela Ocaña -porque en estas cuestiones la honestidad es
condición necesaria pero no suficiente-, han conducido a que
debiera anularse la licitación para la compra de medicamentos
para los jubilados. Los experimentados técnicos de la Sigen,
hoy completamente desmoralizados al ver que todo sigue igual o
peor, les advirtieron, ya ocho meses atrás, que la licitación
era un método absolutamente inapropiado para esa finalidad,
pero las señoras no les hicieron caso.
Los resultados están a la vista.
La cuestión es obvia: fuera del conjunto de la industria,
representada por las cámaras que la agrupan, no existe quien
pueda garantizar la provisión en un día, en cualquier rincón
de la Argentina, de un medicamento a determinar, que a un
médico se le ocurra prescribirle de pronto a un anciano, el
Enalapril para la presión, por ejemplo, y que difícilmente el
afiliado acepte ver sustituido por otra marca.
Consiguientemente, en medicamentos de uso general se presentó
una sola oferta: la del conjunto de las cámaras. En
oncológicos ocurrió lo propio, aunque con una segunda oferta
de la droguería San Javier, pero que no garantizada el
abastecimiento en 24 horas. Por tanto, la licitación se cayó,
perdiéndose así la oportunidad de conseguir que los afiliados
paguen menos por sus medicinas, ya que ellos abonan en
promedio el 50 por ciento. En una palabra: la irresponsable
designación de Minnicelli, inepta para el cargo, terminan
pagándola los jubilados.
¿El presidente Kirchner seguirá ignorando el clamor por su
destitución y la necesidad de elegir a los funcionarios por su
solvencia y no por razones espurias? Los hechos protagonizados
por Moroni en la SSN en sus dos gestiones como titular (la
inicial sucediendo a Fernández, antes de ser a su vez
desplazado en febrero de 1998 por Daniel Di Nucci, hombre del
Grupo Juncal, perteneciente a la Banca
Nazionale del Lavoro, con rol protagónico del sindicalista
combativo Armando Cavalieri; la segunda, por obra y gracia de
Duhalde, con obvia influencia entre bambalinas de Fernández)
son de una gravedad poco usual. El diseñó, por ejemplo, un
sistema que desamparó totalmente a los pasajeros de medios de
transporte. Es, por citar sólo un caso, el fraude que
sufrieron los deudos de los nueve estudiantes muertos el 27 de
diciembre de 1996 cuando el micro en que viajaban a Bariloche
chocó con un camión en el partido de Laprida. Hubo también
muchos heridos, algunos graves, que tampoco vieron un peso.
Ello pese a que El Rápido Argentino tenía contratado el seguro
de rigor con La Uruguaya Argentina, LUA. Pero falta un
detalle: mientras Moroni no tuvo cargo en la SSN, entre
febrero de 1998 y marzo de 2002, fue sucesivamente asesor y
directivo ¡de LUA, precisamente!
Esa compañía, que en realidad eran dos y ninguna, como
corresponde a la engañosa arquitectura de un timo, fue
utilizada por los hermanos Mario y Sergio Cirigliano, que a
comienzos de los '90 sólo eran dueños de las líneas 61 y 62,
para construir su imperio, abarcando en él Metrovías, TBA,
Transporte Automotor Plaza, las líneas 36, 141 y 64, además,
entre otras tenencias, del subte de Río de Janeiro. Moroni y
Armando Canosa, ex secretario de Transporte, operaron desde el
Estado para el progreso empresario de los Cirigliano.
¿Se mencionó antes a Daniel Di Nucci? Pues bien: su hermano
Luis fue director comercial de LUA Seguros La Porteña. En
verdad, a La Uruguaya Argentina la habían fundido, pero
utilizaban la sigla LUA para confundir, haciendo creer que era
la misma. Cuando el superintendente Juan Pablo Chevallier-Boutell
decidió prohibir que LUA La Porteña siguiera emitiendo pólizas
a pesar de su insolvencia, Duhalde (es decir, Fernández) lo
echó para poner en su lugar a Moroni, que obviamente no halló
nada malo en que se continuara estafando a los asegurados.
Moroni fue quien convirtió al seguro obligatorio en un arma
letal contra los transportistas chicos. A fines de 1997
implantó un régimen por el cual las pólizas que estaban
forzados a contratar tendrían una franquicia de 40.000
pesos/dólares. En la práctica, esto implicaba que los
colectiveros debían afrontar la gran mayoría de los
siniestros, a pesar de estar asegurados. Incapaces de soportar
el pago de las indemnizaciones, recibían préstamos de un
sistema de mutuales armado por Moroni. Por ese medio les
generaban deudas impagables, que desembocaban en su
expropiación.
Fernández se encargó en su larga gestión al frente de la SSN
de amparar el ocultamiento que muchas compañías hacían en sus
balances de los juicios que tenían entablados en su contra por
siniestros, ello para no tener que constituir las reservas de
rigor. Protagonistas extremas de estas maniobras fueron las
cooperativas Belgrano y Bernardino Rivadavia, que acaparaban
el 70 por ciento de los seguros del transporte público de
pasajeros. El hundimiento de la primera dejó colgados del
pincel 20 mil juicios y otras tantas víctimas. Como los
transportistas -que se creían asegurados- debieron hacer
frente a las indemnizaciones, no pocos prefirieron quebrar.
Pero los recursos de Moroni eran inagotables: en marzo de 1997
hizo que Menem, con algún argumento poderoso, firmase un
inconcebible DNyU suspendiendo por 36 meses todas las
ejecuciones de sentencias contra transportistas y
aseguradoras, independientemente de su situación patrimonial.
La mayoría automática de la Corte Suprema garantizaba estas
aberraciones.
Ahora Moroni es el hombre que Kirchner y Fernández presentan a
la sociedad como garantía de que la lucha contra la corrupción
en el Gobierno es una alta prioridad. ¿Qué suponen acerca de
la inteligencia de los argentinos? ¿Creen que este pueblo
sigue aceptando el "roban pero hacen"? No: aunque hagan, si
roban deben ir presos, hoy, mañana, cuando se los pueda
condenar. ¿El títere controlará al titiritero? La Argentina
sigue siendo un cambalache.
Arriba
|
