La coartada: proteger la cultura
para cuidarse el bolsillo

Por Segundo Enfoque

De pronto les comenzó a importar la cultura nacional argentina. Ahora, se sienten conmovidos por una chacarera, un tango. Las banderas celestes y blancas habrán teñido sus despachos, entre tarjetas de banqueros, empresarios y lobbistas. Mancomunados, en defensa de sus bolsillos y manipulando un discurso imprescriptible, los popes de los medios masivos de comunicación presionan por una norma que los aleje del peligro de sus acreedores extranjeros.
La llamada “ley de bienes culturales” es un anhelo de lo más monopólico del espectro de medios de la Argentina. El Grupo Clarín en primer término y el diario La Nación, en segundo, pugnan desde hace un año y medio por conseguir a través del Congreso un escudo ante probables intentos de sus acreedores foráneos de apropiarse de sus empresas.
La devaluación fue exigida por el Grupo de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto desde el primer minuto en que Eduardo Duhalde llegó a la Casa Rosada. Con ella, la operadora de televisión por cable del multimedios –Multicanal- redujo su deuda de manera atrayente para una película, pero el pasivo en dólares pasó a ser una amenaza. Bancos extranjeros le habían prestado dinerales a Clarín durante los 90 cuando éste competía cabeza a cabeza con el Raúl Moneta propulsado a menemismo. De repente, advirtieron que podían hacer valer la legislación de quiebras de la Argentina y quedarse con parte del paquete accionario aduciendo el no cobro de la acreencia.
Entonces, a medida que en el Parlamento se trataba de suspender la vigencia de la ley de quiebras por razones de “emergencia económica”, la oposición del Fondo Monetario Internacional (FMI) en tal sentido, obligó al personal de apriete del Grupo a transpirar la corbata en los pasillos del Congreso.
Algún diario vinculado al menemismo llamó a la iniciativa la “ley Clarín”, que formalmente se hizo conocida como de “preservación de las industrias culturales”. Según el texto del artículo segundo, la propiedad de los medios de comunicación debe ser de empresas nacionales, y no podrá haber más de un treinta por ciento de capitales extranjeros. Y en el quinto, se establece que no tendrá efecto para los medios el proceso de cram dawn, estipulado por la ley de quiebras argentina para que el acreedor tome parte del paquete accionario de la empresa que le debe y no le paga.
Este proyecto ingresó al Senado y fue aprobado en junio de 2002. En la Cámara de Diputados fue tratada el pasado 28 de mayo, donde fue aprobada pero con una modificación en este artículo quinto: no podrán hacer uso del cram dawn sólo los acreedores extranjeros, pero sí los locales. Este cambio, hizo que la iniciativa debiera regresar al Senado para un nuevo tratamiento, que aún espera una fecha.
Mientras tanto, la presión de los medios de comunicación se hizo ver también en solicitadas, como la que se publicó este último mes de mayo en La Nación, con la firma de entidades de la comunicación y la cultura: Foro para la Defensa de las Industrias Culturales de Buenos Aires; Asociación Argentina de Actores (AAA); Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET); Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); Cámara de Productores Independientes de Televisión (CAPIT); Directores Argentinos Cinematográficos (DAC); Federación Argentina de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FAPCA); Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación de Trabajadores de la Imprenta Diarios y Afines (FATIDA); Sindicato Argentino de Televisión (SAT); Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA); Sindicato Único de la Publicidad (SUP); Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); Sociedad Argentina de Locutores (SAL); Sociedad Argentina de Músicos (SADEM).
El escrito, brega por la protección de la identidad nacional y de los valores culturales argentinos. Y –cosa extraña en muchos medios que acompañaron iniciativas extranjerizadoras, privatizadoras y liberales de los noventa- hace un diagnóstico de lo que les ocurrió a las empresas de comunicación en general: “Se favoreció una apertura irrestricta que no reconoce antecedentes en el mundo”, explica antes de ir al grano: “Está en manos de nuestros representantes gestar una verdadera Política de Estado: la protección del patrimonio cultural e informativo nacional, a través de una serie articulada de medidas legislativas y políticas activas que apunten a brindar un marco para el desarrollo de nuestras industrias culturales”.
¿No sufrió este proceso la mayor parte de la economía argentina durante los últimos veinticinco años? ¿Dónde estaban los medios en los primeros años de la década menemista cuando se abría la economía y el capital extranjero compraba hasta las señales de tránsito? Quizás estaban disfrutando de las ventajas que les daba la modificación de la ley de radiodifusión para aglomerar canales de TV, diarios y radios. Quizás estaban haciendo negocios con los que hoy podrían ser sus verdugos.
La protección y promoción de los cimientos culturales son banderas indiscutibles de todo pueblo soberano. Sin embargo, hay que estar con los ojos abiertos. Hoy es también una coartada excelente de aquellos que quieren hacer cerrar sus cuentas, aún a costa de vender escarapelas a los cuatro vientos. Una coartada excelente hasta para aquellos que veneran la globalización, salvo cuando les llega a ellos. Arriba