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El control de precios es posible: 
cómo se hace en otros países

Por Jesica Bossi y Jairo Straccia

La mayoría de los países desarrollados aplica políticas integrales destinadas a racionalizar el gasto en medicamentos y a establecer las pautas mínimas para una competencia perfecta. De esta manera, consiguen controlar los precios y asegurar el acceso de la población a todos los productos. 
En algunos países europeos, Canadá, Chile y Japón funcionan laboratorios estatales que, si bien no producen grandes cantidades, asumen el rol de testigos del mercado determinando valores máximos. 
Por otro lado, existen otras medidas que se usan en la actualidad para evitar el abuso de las empresas farmacéuticas y regular los precios:
 

·          Fijación basada en el costo: se fijan los precios totales basándose en un cálculo de costos y margen de ganancias. (Bélgica, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal)

·          Fijación basada en el beneficio: se controla el margen de ganancia en base a un análisis de rentabilidad de las empresas y, de acuerdo con los resultados, se ratifica o modifica el valor. (Reino Unido) 

·          Precio de referencia: por comparación con un grupo de medicamentos similares se establece un precio hasta que cubre la financiación colectiva, corriendo por cuenta del paciente la diferencia en caso de optar por un medicamento más caro. (Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Australia, Noruega y Suecia) 

Asimismo, a través del mecanismo de compra consolidada en grandes cantidades, naciones como Estados Unidos y México, obtienen amplias reducciones en los precios. Esta modalidad se emplea para la adquisición de fármacos destinados al sector público. 
Por último, otro instrumento es el control del gasto que los laboratorios invierten en publicidad. La medida –aplicada en Francia y Reino Unido- pretende moderar el costo adicional que recae sobre el producto y también prevenir extensas campañas manipuladoras que cambien las pautas de consumo e inciten al uso irracional de remedios. En ese sentido, se fija un monto límite para promoción y publicidad o se implementan impuestos especiales para estas prácticas. 
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