ENTREVISTA CON CARLOS SLEPOY

"Para que no puedan andar libremente por el mundo"

Es abogado de la Acusación Popular en el procesamiento de los ex represores argentinos Ricardo Cavallo y Adolfo Scilingo en la Audiencia Nacional de Madrid, España. Dice que no existe “justicia colonialista” ni se atenta contra la soberanía por juzgar los crímenes de lesa humanidad en tribunales extranjeros. Considera que durante el actual gobierno de Néstor Kirchner los pedidos de extradición se definirán en la Justicia y que se anularán las leyes que protegen a los acusados. “Es un proceso irreversible”, sentencia Slepoy.

Por Jairo Straccia

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que señala el juez Baltasar Garzón para sostener que los tribunales de España tienen competencia en los crímenes cometidos en Argentina durante la última dictadura militar?
La competencia de la justicia española para entender en este asunto deviene –en esta última etapa de la legislación española- del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde se establece que la competencia de los tribunales españoles se extiende a determinados supuestos además del caso de la jurisdicción territorial. Hay competencia de la justicia española cuando un delito es cometido por un ciudadano español en el extranjero y no es juzgado; hay competencia española cuando se comete un delito en el extranjero por el cual se ven afectados intereses del Estado español, de la corona española; y finalmente hay competencia española cuando se cometen delitos que afectan a la comunidad internacional, y entre éstos, los delitos de genocidio y terrorismo, además de otros relativos al tráfico de drogas y a la prostitución. Por ende la competencia de la justicia española deviene en principio de la legislación interna. Esto viene de distintos tratados internacionales que o bien establecen la obligación de establecer este tipo de competencias jurisdiccionales, o bien de autorizaciones dadas por tratados internacionales. Por ejemplo, la Convención contra el Genocidio compromete a todos los firmantes a que incorporen en sus legislaciones la figura de genocidio y penalidades adecuadas para perseguirla. La Convención contra la Tortura establece una serie de pautas de jurisdicción y autoriza además a cada Estado a que incorpore a su legislación una jurisdicción más amplia si lo considera pertinente para perseguir este delito.
Por tanto y en síntesis, la competencia española viene derivada del principio de jurisdicción universal para la persecución de determinados crímenes, para los cuales es indiferente la nacionalidad de las víctimas, es indiferente que el delito afecte al Estado del que se trate, porque es la naturaleza del crimen lo que determina el carácter de la jurisdicción.
Aquellos que se oponen al procesamiento de militares argentinos en tribunales extranjeros, así sea por crímenes de lesa humanidad, aducen que esto produciría un “caos jurídico”[i], donde se podría juzgar dos veces a una misma persona por la misma causa. ¿Cuál es su posición al respecto?
En primer lugar, ninguna persona que haya sido juzgada en otro lado puede ser juzgada por los mismos hechos. Pero acá no se están persiguiendo personas que ya han sido juzgadas para volverlas a juzgar. Acá se está llenando un vacío de jurisdicción determinado por una situación de impunidad.
En segundo lugar, el “caos” no es que se persigan estos crímenes, sino que dejen de perseguirse. La reflexión es la siguiente: en cualquier Estado existe un aparato represivo y policial-judicial destinado a perseguir el crimen, entre otras funciones muy importantes. Esto se cumple mejor o peor, según la eficacia que tenga, pero el designio es ése y efectivamente el delito ordinario se persigue.
Asimismo, esas mismas voces que están en contra de estos juzgamientos, sostienen que la intervención de la Justicia de otros países atenta contra la soberanía[ii] de, en este caso, Argentina.
El gran drama que tiene la humanidad es que no se persiguen los delitos que se cometen desde el Estado, porque desde luego no se van a juzgar ellos mismos mientras cometen el delito, y después porque consiguen imprimir el miedo, o imprimir la complicidad, por lo que el 99 por ciento estos crímenes queda impune.
¿Cómo resuelven los seres humanos este problema? Se ha empezado a desarrollar una serie de instrumentos internacionales por un mecanismo que podríamos denominar de “cesión de soberanía”. Los Estados empezaron a establecer que para determinados crímenes debería existir una jurisdicción superior a la de los Estados y que había compromiso para perseguir determinados crímenes. Por lo tanto cuando se persiguen determinados crímenes no se está atentando contra la soberanía de ningún Estado. En realidad, cuando un Estado incumple los tratados internacionales, como los ha incumplido Argentina, lo que correspondería es que tal Estado respondiera ante la comunidad internacional. Si hay un convenio que obliga a la Argentina a formar un tribunal para juzgar el genocidio cometido en su país y no lo hace, parecería que este Estado tiene responsabilidades.
Sin embargo, ni siquiera se le está pidiendo eso a Argentina desde España o desde los tribunales extranjeros. Se le está diciendo: ‘Ya que Uds. no lo quieren juzgar y estos son crímenes internacionales que ofenden a la comunidad internacional, entonces pretenderemos juzgarlos nosotros’. Como se ve, esto no constituye ningún “caos” sino una forma de pensar el futuro ordenándolo para que estos crímenes no queden impunes.
Cuando España, Alemania o Suecia, por ejemplo, piden la extradición de militares argentinos o chilenos acusados de crímenes de lesa humanidad, uno podría pensar que este tipo de juzgamientos es selectivo. Y que se da desde el primer mundo hacia el tercero y que no actuarían de igual modo si los acusados fueran estadounidenses, por ejemplo. ¿Es esto una “Justicia colonialista”?
La justicia de los poderosos es la que ha habido hasta ahora. Los tribunales que se han formado los han formado los poderosos, con toda la legitimidad -en algunos casos clarísima-. Pero quienes han creado los tribunales, han sido siempre los vencedores.
Sin embargo, este tipo de Justicia en manos de cualquier estado comprometido con el sistema de Naciones Unidas hace posible que cualquier país del mundo, cualquiera sea su fortaleza o debilidad, la ejerza en función de principios jurídicos supranacionales. El tema es ejercerla.
En el futuro, en tanto, tribunales de Argentina, México o el Paraguay, de acuerdo con normas internacionales tendrían que poder juzgar a (el presidente de Estados Unidos George) Bush, por ejemplo. Otra cosa será la correlación de fuerzas. Fíjese qué hay de colonialismo y cómo se intenta opacar la realidad. Por eso es muy importante darse cuenta de que esto es una señal hacia el futuro.

Refugio

¿Qué perspectivas abre la extradición de Ricardo Cavallo a España?
Nosotros tenemos la convicción de que en estos siete años de lucha la idea de que estos tipos de criminales no puedan andar libremente por el mundo se ha impuesto definitivamente. Va a ser muy difícil pensar que personajes como (el ex dictador chileno Augusto) Pinochet o como Cavallo puedan andar libremente por el mundo sin que nadie los toque.
Este efecto produce también algo patético: el único refugio que tienen los que cometen estos crímenes son sus propios países. Cavallo fue detenido en el momento en que iba a huir para Argentina como único lugar en el que estaba tranquilo y esto debe llevar la reflexión sobre las leyes que se han dictado y que protegen a este tipo de criminales.
En los “juicios de Madrid”, ¿cuántos militares argentinos hay involucrados en total? ¿Cuántos podrían ser, entonces, los pedidos de extradición que lleguen próximamente a la Argentina?
Hay una causa de más de 200 personas imputadas. Tenemos unas 120 personas procesadas. Ya se enviaron en su momento 48 pedidos, que ahora hemos solicitado que se reenvíen y que son 46 porque hubo dos fallecimientos. Hay otros 18 imputados que en su momento se pidieron y que fueron rechazados por el gobierno de (Fernando) De la Rúa. En uno de esos envíos, en la provincia de Santa Fe, el juez que tomó el caso decidió en el sentido de anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Por tanto, ha tenido un efecto importante el hecho de que se pensaran esas extradiciones.
¿Qué postura cree Ud. que tomará el gobierno de Néstor Kirchner con respecto a este tema?
Confiamos absolutamente en que este gobierno va a tener la única actitud que se puede tener. Con este tema de los crímenes de la dictadura se ha violado una y otra vez la legalidad argentina y la legalidad internacional, y esto es vergonzoso. Con las leyes, con los indultos, con el decreto de (el ex presidente Carlos Saúl) Menem en su momento, con el de De la Rúa. El gobierno lo que tiene que hacer es cumplir con los tratados que tiene con España. Por tanto, cuando llegue el pedido, que decida la justicia. Nada más que eso estamos pidiendo.
Entonces, ¿Ud. considera que es imprescindible la derogación del decreto 1581/01 que rechaza de plano cualquier solicitud de extradición por crímenes cometidos durante la dictadura?
Derogar el decreto significaría reestablecer las cosas. Si la Justicia decide extraditarlos en algún momento, entonces el gobierno tiene las potestades que le da el tratado para no extraditarlo. Lo que sí creo es que lo que anuncia la derogación del decreto 1581 es la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Es un proceso irreversible. Se ha avanzado enormemente en la persecución de estos crímenes gracias al esfuerzo hecho por los tribunales extranjeros y a lo que se ha hecho internamente; hay muchos juzgados en todo el país que han declarado la nulidad de las leyes; hay militares detenidos por esta causa, el problema es que no se los puede juzgar hasta tanto no se anulen estas leyes.
Hay medidas promisorias en este gobierno que preanuncian esto. De otra manera, pongámonos en la foto el primer o segundo trimestre del año que viene, con dos militares argentinos siendo juzgados en otro país por crímenes cometidos contra decenas miles de argentinos. Es realmente patético.

 Arriba

Nota Principal