Libertad de prensa e hipocresía

Por Segundo Enfoque

En nuestro país, han proliferado quejas por una supuesta falta de libertad de prensa desde que asumió la presidencia Néstor Kirchner. Aunque algunas voces de alerta deben ser atendidas, el reclamo por un mejor ejercicio de la libre expresión hecho por las empresas periodísticas más grandes del país esconde -las más de las veces- presión por beneficios empresariales.
Todo empezó en octubre del año pasado. La líder de Afirmación por una República de Iguales (ARI), Elisa Carrió, que con su fuerza de centro izquierda terminó tercera en la última contienda electoral, acusó al kirchnerismo de cometer “pequeños avances” contra el periodismo y advirtió que eso podría convertirse en violaciones más claras a la libertad de prensa. Carrió se refería específicamente a comunicaciones telefónicas de altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a celulares de periodistas de distintos medios, para hacerles observaciones sobre lo que habían escrito o dicho en sus medios.
Luego, en marzo pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) –que engloba grandes empresas periodísticas de todo el continente- se hizo eco en su Reunión de Medio Año, en Los Cabos, México. “Se registra un grave atentado a la libertad de prensa cuando desde la Presidencia de la República algunos funcionarios presionan a través de llamadas telefónicas a medios de comunicación y periodistas que critican al gobierno”, sostiene el único párrafo referido al tema en todo el informe sobre Argentina.
A su vez, en abril de este año se produjo un entredicho entre dos ministros del Gabinete Nacional y la entidad que nuclea a la corporación periodística del país, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). El 14 de ese mes, ADEPA emitió un comunicado manifestando “preocupación por reacciones ministeriales”. Aludió a las “desafortunadas declaraciones” del ministro del Interior, Aníbal Fernández, (había cuestionado al diario La Nación por una entrevista al ex presidente Carlos Menem) y a la “inaceptable actitud” del jefe del Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna, (había criticado la tarea informativa de Marcelo Bonelli en el diario Clarín). Lavagna respondió tras el comunicado: “La prensa no es una vaca sagrada; tiene las mismas lacras y virtudes que otros sectores”.
Oficialmente, el titular del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), Julio Bárbaro, respondió a través de este medio, en su edición de abril de 2004, que las denuncias sobre presuntos “aprietes” a periodistas eran una “imbecilidad folklórica”. “Cada vez que yo me senté con uno de los acusadores y le pedí un dato, el dato nunca existió”, bramó Bárbaro con su habitual elocuencia.
En primer lugar, queda claro que el Gobierno no debe llamar a ningún periodista de ningún medio para observarle nada sobre lo que haya dicho. Sí, es cierto que un llamado o un mensaje, aún en tono cordial, entre risas, que cuestione el contenido de un párrafo de un artículo escrito por un periodista puede no representar un hecho grave de cercenamiento de libertades. Pero según la experiencia del trabajador de prensa o de acuerdo con su carácter, esto puede llegar a influir en sus futuros reportes, inclusive generando actitudes de autocensura. Así y todo, nadie puede afirmar honestamente que este sea “un grave atentado a la libertad de prensa”. Más bien, son torpezas típicas de funcionarios que rozan la figura del “piojo resucitado”.
Pero atención. Esto no significa que Argentina sea la panacea de la libre expresión. Todo lo contrario. Y sí, es el gobierno el gran cómplice y promotor de ello, mas no por un llamado telefónico. No hay ni habrá libertad de expresión en la medida en que los medios de comunicación estén hiper-concentrados y el gobierno lo tolere, apañe y profundice a cambio de la obsecuencia editorial generalizada, que también retribuye con grandes fardos de publicidad oficial.
De esta forma, son hipócritas las empresas periodísticas cuando se quejan, por ejemplo, a través de la SIP. En el mismo informe que tiene tres líneas de cuestionamientos al supuesto “maltrato” de periodistas en Argentina, se hace una descripción de cuánto han caído las ventas de ejemplares de diarios, hay un lamento por el retiro de beneficios impositivos para el sector, conocidos como “planes de competitividad”, así como también se hace explícito el pedido de que el aporte patronal vuelva a ser tomado como crédito fiscal del IVA. Y además, se pide ayuda para afrontar las grandes deudas fiscales de los medios.
Por último, también son hipócritas los funcionarios del Gobierno, que critican, se quejan y despotrican contra periodistas rasos por algún titular que no les cae en gracia, cuando en realidad su propia administración tiene acuerdos evidentes con los principales medios de la Argentina, y se beneficia de ello, con el ocultamiento de los temas que la incomodan y con la instalación de la agenda en la opinión pública según sus intereses. Arriba