PANORAMA DE LA BOLIVIA RECIENTE

De Goñi a Mesa

La situación política desde octubre del año pasado hasta estos días, pone a Bolivia de nuevo en una encrucijada. Expiró un plazo de tranquilidad pactado con la oposición, que ha decidido volver al ruedo. Mientras Evo Morales juega más cerca de Carlos Mesa, la Central Obrera y los aborígenes que responden a Felipe Quispe lo acusan de oficialista y se alistan para ganar la calle en los próximos meses. Y el presidente acaba de anunciar medidas de ajuste. El polvorín.

Por Jairo Straccia

Intenso es el pulso político de Bolivia, que desde la madrugada del 18 de octubre es gobernada por Carlos Mesa Gisbert, quien pasó de la vicepresidencia de la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, a “encabezar un gobierno de transición”.
A principios de aquél octubre, el por entonces presidente “Goñi”, gozaba de un rechazo del 82 por ciento de la población[i], cuando decidió impulsar un proyecto para exportar gas a Estados Unidos y México, que resultó en generalizadas manifestaciones populares de oposición.
El destino de Sánchez de Lozada fue Miami, tras dejar varias decenas de muertos en los caminos bolivianos y renunciar, denunciando una conspiración narco-socialista en su contra. El periodista e historiador Mesa, quien saltó justo a tiempo del barco que se hundiría, fue ungido por el Parlamento como nuevo conductor del país.
Rápidamente, a pesar de algunas declaraciones amenazantes, recibió apoyo de todos los sectores. Estructuró un gabinete “independiente” y “apartidista”, según la prensa local e internacional de esos días, pero incluyendo como ministro de Educación a Donato Ayma y de Asuntos Indígenas, a Justo Parapaino, hombres del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales.
A su vez, Mesa cruzó inesperadamente la plaza San Francisco, en La Paz, entre una multitud de campesinos y se puso cara a cara con el líder indígena y sindical más radicalizado, Felipe Quispe. Allí consiguió tres meses de cautela por parte del titular de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que engloba cerca de 6 millones de hombres y mujeres descendientes de aborígenes en nueve departamentos del país. “Se nos escapó el carnicero (por Goñi), pero ahora nuestro deudor será usted y esperamos que anule todas las leyes y decretos que perjudican a Bolivia y a su pueblo”[ii], expresó Quispe, en referencia a los “70 puntos” que en abril de 2000 acercaron por primera vez al Ejecutivo y que todavía esperan atención.
También la Central Obrera de Bolivia (COB), que agrupa a más de 70 organizaciones, incluida la que preside Quispe, decidió dar “tregua”, al mandatario recién llegado a su sillón.
Con tranquilidad a plazo fijo, Mesa comunicó su voluntad de quedarse hasta 2007 en una entrevista a un medio brasileño. “Yo tengo un mandato explícito del Congreso, un mandato constitucional hasta el 6 de agosto de 2007. Ésa es la base sobre la cual estoy trabajando”[iii], soltó sin ponerse colorado. Pero para llegar a ese día, debería primero cumplir con su agenda más cercana: realizar un “referéndum vinculante” sobre la exportación de gas, para lo cual debería reformar la Constitución en el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente. Y además, conseguir que el Parlamento designe tres vocales que faltan en la Corte Nacional Electoral (CNE) encargada de la consulta.
Al mismo tiempo, ha llegado al Parlamento el “juicio de responsabilidades” contra el ex presidente Goñi y muchos de sus ministros, que debe ser autorizado según la legislación, por dos tercios de los votantes en el recinto. La acusación de la Fiscalía es por “masacre sangrienta”, con penas de 10 a 20 años, a raíz de los asesinatos de octubre. Los legisladores que tienen que tratar el tema, en muchos casos, pertenecen a los partidos donde también han militado los acusados: el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), el Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), o Nueva Fuerza Republicana (NFR).
Mientras tanto, se comenzaron a ver señales de cuál sería el rumbo económico de fondo de su administración. “Estoy absolutamente persuadido de que los bolivianos debemos garantizar las inversiones de largo plazo”, dijo al diario La Nación[iv]. Paralelamente, comenzó a funcionar en la sede del Departamento de Estado de los Estados Unidos, un “Grupo de Apoyo” a Bolivia, conformado por ese país y México, para eventualmente efectuar algún desembolso que requiera el gobierno de Mesa. Distintos organismos internacionales esperaban conocer el plan de gobierno de Mesa y ver si puede cumplir con las metas fiscales del primer trimestre, para reactivar créditos gestionados por Sánchez de Lozada y congelados con los hechos de su caída.

¿Y ahora?

Así el 20 de enero pasado venció la tregua. El titular de la COB, Jaime Solares, que había pedido un aumento de salarios del 220 por ciento (el sueldo promedio de los bolivianos es de 61 dólares), afirmó: “Los nuevos movimientos sociales apuntarán al cierre del Congreso Nacional por falta de un trabajo más efectivo a favor de los bolivianos”. La central que conduce Solares fue un sindicato poderoso hasta 1985, cuando por las reformas de entonces perdió a los obreros y mineros que lo componían, para pasar a representar principalmente a maestros y campesinos.
El Parlamento en su conjunto, menos el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), de Quispe, rechazó los dichos de Solares. En cambio, el titular del MIP, se hizo eco y está convencido de que “tumbar a Mesa” es cuestión del paso del tiempo. “El MIP tiene sus raíces en los campesinos aymaras del altiplano, que producen papa, quinua y otros productos de alimentación; (...) el MIP tiene menos ligazones con los sindicatos industriales (...) y tiene un discurso más separatista y racial indígena”, describió el analista internacional Isaac Bigio meses atrás en Segundo Enfoque.
Las respuestas que Mesa le ha podido dar a las demandas de Quispe son nulas. Pero también lo es el avance en los objetivos iniciales de su gobierno. La consulta sobre la venta de gas al exterior se ha demorado más allá del 28 de marzo para el cuál se había previsto. El ministro de la Presidencia, José Antonio Galindo, ha responsabilizado al Poder Legislativo por el retraso, achacándole que no puede designar a los integrantes que faltan en el CNE. Y ya aclaró que recién cuando esto ocurra, deberán transcurrir tres meses para preparar el referéndum.
Ante las advertencias de los polos opositores de que podrían hacer con Mesa lo que hicieron con Goñi, el presidente boliviano ha buscado cohesionar a su población en torno al reclamo a Chile de que le restituya una salida al mar. Bolivia perdió sus puertos en el océano Pacífico en la guerra con sus vecinos entre 1879 y 1883. Aunque en 1904 ambos países firmaron un tratado de paz y amistad, en 1978 Bolivia decidió romperlo al no haber avances en las deliberaciones.
Ahora, tras declaraciones de Hugo Chávez (que sumó otras de Fidel Castro en igual sentido), Carlos Mesa encontró en el pedido al presidente chileno Ricardo Lagos, una vía de escape a los cuestionamientos internos. Según un sondeo hecho entre el 14 y el 24 de enero, por la consultora Apoyo Opinión y Mercado Bolivia (AOMB), Carlos Mesa cuenta con un respaldo del 78 por ciento de la población, mientras que por ejemplo, Evo Morales alcanza el 35 por ciento.

Plan sobre la ídem

Con este marco, Carlos Mesa, preparó y presentó un plan económico basado en la necesidad de achicar gastos en el Estado boliviano. “Tras viajar al Norte de América y dialogar con el inefable Anoop Singh (jefe del Departamento de Hemisferio Occidental del FMI), Mesa ha desandado sus promesas iniciales y acomete un severo plan de ajuste”, observa Mario Wainfeld en Página/12[v]. “(...) El ajuste lo pone en crisis con la mayoría que lo recibió con alivio y que aún le prodiga alta credibilidad”, agrega.
Los números que desvelan al presidente, parecen ser los del déficit fiscal, que en 2003 fue un 8 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), y está presupuestado en 6 puntos porcentuales para este ejercicio. En cadena nacional, sobre el cierre de esta edición, Carlos Mesa buscaba con 23 decretos y 3 proyectos de ley, entre otras cosas, un ahorro de 220 millones de dólares, que es la mitad del rojo del año pasado. El plan comprende las siguientes medidas: 

•                       Recorte de gastos en el Poder Ejecutivo: establece una reducción del sueldo del Presidente y sus ministros de alrededor del 10 por ciento; elimina los pluses para funcionarios; pone como nivel máximo de remuneración para toda la administración la del primer mandatario; reduce el uso de celulares y autos oficiales.
•                       Creación del Impuesto Complementario a los Hidrocarburos, que será del 32 por ciento.
•                       Creación del Impuesto al Patrimonio Neto de las Personas, que será del 1,5 por ciento para quienes tienen más de 50 mil dólares.
•                       Implementación del Impuesto a las Transacciones Financieras, con una tasa del 3 por mil.
•                       Liberación del costo de la gasolina y la garrafa de gas, que pasarán a depender de la fluctuación del precio mundial del petróleo. La variación de los precios internacionales se considerará en un promedio de 365 días con el objetivo de minimizar su efecto.
•                       Instrumentación de un hospital de empresas, con facilidades para créditos y fomento de la producción nacional, como por ejemplo con la iniciativa de Compre Boliviano.
•                       Fondos para infraestructura vial, por 15 millones de dólares.

•                       Licitación de la construcción de 200 mil conexiones de gas a domicilio.
•                       Creación de un Fondo de Inversión Productiva, para comunidades indígenas, con 2 millones de dólares en principio.
•                       Conformación del Fondo Pro País, con 30 millones de dólares aportados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la lucha contra pobreza en El Alto, La Paz y el altiplano.

Por último, el gobierno también decidió recuperar para el Estado la propiedad de los hidrocarburos, que por medio del Decreto Supremo 24.806 de 1997, podían ser explotados mediante licitación. Ni siquiera esta última iniciativa generó apoyo en la oposición: “El discurso dice que se tiene preparada una ley, pero eso no fue consultado con el pueblo y nosotros pedimos la nacionalización de los hidrocarburos y la anulación de los antiguos y nuevos decretos”, se quejó Roberto de la Cruz, dirigente de la populosa ciudad de El Alto.
Por su parte, la COB prepara una huelga general indefinida y Jaime Solares ha dicho que el mensaje de Mesa fue “una vergüenza”. Para colmo, hasta Evo Morales, con gente en el gabinete de Mesa y señalado como “oficialista” por Quispe y compañía, ha salido a cuestionar el plan: “Es muy tibia la reducción de gastos, debería ser en un 50 por ciento para dar verdadero ejemplo de desprendimiento”, sostuvo.
Como señala Wainfeld, Bolivia es para Estados Unidos “el polvorín de América Latina”. Tanto es así que, destaca el periodista, las cadenas internacionales de noticias han vuelto a saturar de acreditados ese país. Mientras el gobierno de Carlos Mesa propone un plan de ajuste, la oposición toma carrera para salir a la calle otra vez.

  Arriba

Nota Principal