Aborígenes argentinos en el siglo XXI

Raíces 

Para ellos el territorio no es sólo una porción de hectáreas sino un ecosistema relacionado íntimamente con su cosmovisión. Es por eso que la demanda por el reconocimiento de los tierras que ocuparon tradicionalmente constituye el motor de todas sus batallas. Suelen decir que una lucha de quinientos años presupone muchos siglos más de persistencia. Quiénes son, cómo se organizan y qué significa “ser indígena” hoy.

Por Jesica Bossi 
jbossi@segundoenfoque.com.ar

“Muy lejos de lo que se cree desde el sentido común respecto a la inexistencia de población indígena en el país, las cifras se están incrementando”, sostiene Ana María Spadafora, antropóloga investigadora del CONICET (ver aparte). Según el Instituto Nacional del Indígena (INAI) -organismo rector de las políticas públicas sobre estas poblaciones en el país- los integrantes de las comunidades oscilan entre 800 mil y un millón. Esta cantidad es más elevada incluso que la de países como Brasil donde los indígenas, hasta hace poco tiempo, apenas alcanzaban las 550 mil personas.
Para Spadafora, esta oleada de crecimiento tiene una explicación: “Se trata de lo que los antropólogos denominamos un proceso de emergencia étnica, o sea, de revalorización de la identidad cultural, que es un proceso político de carácter no sólo local sino global”. Y agrega: “En Brasil, por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad Federal de Mina Gerais ha revelado que cerca de 45 millones de brasileros tienen descendencia indígena. Esta variación de las cifras está vinculado con el hecho de que el reconocimiento de los indígenas tiene que ver fundamentalmente con la identidad cultural cuyo carácter dinámico, impide ‘congelarla’ en la sumatoria de una serie de características particulares e inamovibles relacionadas a un determinado pueblo o comunidad”.

Luchas del siglo XX

A fines de su gobierno, el presidente argentino radical Hipólito Yrigoyen intentó resolver el problema de los territorios indígenas mediante expropiaciones. Sin embargo, el golpe militar de 1930 echó bajo tierra esos proyectos.
Más adelante, en 1946, cuando corrían aires de “justicia social”, las comunidades aborígenes pensaron en su propio “17 de octubre”. Fue clave la figura del teniente retirado Mario Augusto Bertonasco, quien trabajó con los mapuches por sus reclamos territoriales y posteriormente se trasladó a Jujuy y a Salta. Allí empezó a organizar lo que después denominó “El Malón del la Paz”, una caravana que recorrió a pie Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba y Rosario hasta llegar a Buenos Aires. El objetivo de la travesía era el reconocimiento de los derechos de los aborígenes.
La caminata partió de Abra Pampa, Jujuy, el 15 de mayo de 1946 y llegó a Capital Federal el 3 de agosto de ese año. En un artículo publicado en el sitio del Equipo de Pueblos Indígenas, titulado “Historias de luchas de los pueblos indígenas argentinos”, su autor Luis Zapiola comenta el arribo: “Algunos de ellos montados en burro, a caballo y la mayoría a pie llegó hasta el Congreso, rodeados por hombres, mujeres y niños de la europea Buenos Aires. Allí fueron homenajeados por el Congreso de la Nación. Poco después reanudaron la marcha rumbo a la Plaza de Mayo. Desde los balcones de la Casa de Gobierno los recibieron Farrel, Perón y otros funcionarios (...) Cuando se fueron los fotógrafos y las fiestas de recepción se apagaron, el Estado argentino mostró su verdadero rostro. El 27 de agosto éste decidió el regreso de los kollas. Fuerzas de la Prefectura, obligaron a los indígenas a embarcarse en un tren por orden del gobierno”. 
Entre 1949 y 1950, el gobierno acordó con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “proteger” la relación laboral de los indígenas frente a los Aserraderos e Ingenios Azucareros de la Argentina. Una década después, en 1959, se aprobó y ratificó en Ginebra el Convenio 107 de la OIT, mediante la ley 14.932, donde, según el abogado Eulogio Frites: “Se reconoce a medias el derecho comunitario y el penal tradicional de las Comunidades Indígenas y Tribales, ya que éstas tienen cosmovisión y sistemas de trabajo comunitarios diferentes de la relación laboral patrón-peón campesino”. 
A lo largo de la centuria, las reivindicaciones de los aborígenes encontraron en los gobiernos de turno rechazos a sus pedidos, represión y marginación. Sin embrago, paulatinamente, con un mayor grado de organización e influencia de acontecimientos internacionales, las comunidades consiguieron logros relevantes. 

Madre Tierra

“El reclamo de tierras es una reacción contra lo injusto”, afirma Nina Wayta (ver aparte). La joven kolla de 24 años estudia Derecho en la Universidad de Buenos Aires y colabora en el Equipo de Pueblos Indígenas, un grupo interdisciplinario conformado básicamente por abogados y estudiantes de la carrera. “No se trata de la búsqueda de un título de propiedad por el título mismo, como se usa ahora como un objeto de comercio, ‘yo lo tengo, lo vendo, te lo alquilo’, sino es tener la tierra para poder desarrollar la cultura. Sin territorio no hay un sustento, no hay un entorno donde se puedan desarrollar culturas que se interrelacionan con el bosque, el río, las montañas”, concluye Nina.
Según Ana Spadafora, la reforma constitucional de 1994 significó un avance importante ya que la Carta Magna reconoció que los indígenas estaban antes de la formación del estado nacional. Dice el artículo 75, en el inciso 17, que el Congreso debe: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan (...) Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (...)”.
Lo sucedido en 1994 es, para la investigadora de CONICET, el resultado de las luchas indígenas que se concretaron a nivel local como también el “eco” de procesos políticos globales que tienen referentes claves en el Convenio 169 de la OIT, celebrado en Ginebra en 1989. Esta normativa internacional, ratificada en Argentina por la ley 24.071 en 1992, fue esencial para el respeto de los derechos de los pueblos aborígenes operando como hito para los posteriores reclamos que se dieron en la región, coincidiendo con los procesos de democratización de los países latinoamericanos en la década de los 80.
Por otro lado, la ley 23.302, promulgada en 1985, estableció que los territorios ocupados originariamente por los indígenas debían ser devueltos. En caso de que las comunidades estuvieran emplazadas sobre terrenos fiscales, éstos debían ser entregados directamente, y si figuraban a nombre de particulares, debían expropiarse.
A pesar de las conquistas en materia legislativa, los beneficios no siempre se manifiestan en el día a día. “Es indispensable que se pase del ‘deber ser’ de las normas, a la materialización en lo cotidiano. Por ejemplo, a veces es difícil que a un indígena le tomen una denuncia, por eso es importante que haya abogados de los foros indígenas cerca para que puedan acudir en esos casos”, relata Nina.
Sin embargo, según Spadafora el problema va más allá de la falta de efectivización de los derechos. “Hay un problema fundante entre la estructura del derecho tal como es concebido por nuestra legislación y la manera en que las sociedades indígenas entienden y practican su propio derecho. Esto causa tensiones y conflictos entre ambos tipos de legislación. Si tomamos el caso de los derechos de propiedad intelectual, vemos una tensión irresoluble entre lo que podríamos denominar ‘derechos de propiedad’ sobre el que se basa nuestra cultura y los derechos culturales sostenidos en base ya no de una propiedad concebida como privada sino como colectiva”, argumenta la antropóloga. 
En la actualidad, existen varios pedidos de devolución de tierras encabezados por distintas comunidades en todo el país que esperan una resolución de la justicia. Uno de los líderes indígenas precursores en la pelea por la recuperación de los territorios es el abogado kolla Eulogio Frites. Tras largos años de tenacidad y resistencia, en 1994, Frites junto con un grupo de personas consiguió que el Congreso Nacional sancionara la ley 24.242 de expropiación de su comunidad de Finca Santiago (Salta), con una extensión de 125.000 hectáreas. Aunque recién en diciembre de 1999, fue finalmente entregado el título de propiedad comunitaria. 

“Soy indígena”

“Asumir la identidad cultural significa transformar un concepto que hasta hace algún tiempo fue negativo a decir ‘bueno, sí, me asumo como pueblo indígena y sigo adelante’. Por ejemplo, hay muchas comunidades que se nuclean, trabajan pero todavía no terminan de asumir que son un pueblo indígena porque se los asocia al alcoholismo, a la vagancia, a que roban ganado y a distintos tipos de discriminación”, afirma Nina Wayta.
El significado del “ser indígena” es una de las cuestiones que debaten los antropólogos. En ese sentido, Ana Spadafora considera que no se trata de una sumatoria de determinados rasgos culturales que persisten a través del tiempo, sino del producto de un proceso de reconocimiento social derivado de la “relación entre un Nosotros y Otro”. “Esta definición de lo indígena presupone que la identidad étnica es dinámica. Es por eso que ‘ser indígena’ no es una cualidad intrínseca sino una identidad que sólo se define por oposición a los ‘no indígenas’ genéricamente representados por ‘los blancos’”, concluye la cientista social.
En los últimos años, los pueblos aborígenes, además de aumentar el tamaño de su población, han desarrollado diferentes maneras de articularse en pos de conquistar sus metas. Ejemplo de esto, son las actividades que desarrollan en Finca Santiago, que van desde la ayuda a sus jóvenes a estudiar en la secundaria y en la universidad, la instalación de una radio comunitaria como vehículo para la recuperación de su lengua, hasta el proyecto de electrificar con paneles solares sus “ayllus”.
En la era de la “aldea global”, mucho se discute acerca de cómo se ven afectadas las minorías. Para Spadafora, la globalización no necesariamente implica homogenización, y por el contrario, considera que puede exacerbar las diferencias. Desde esta perspectiva, sostiene que las demandas de los pueblos indígenas son un excelente ejemplo, dado que merced al proceso de globalización pueden formalizar reclamos comunes a los pueblos indígenas más allá de los estados-nación dentro de los que se encontraban encapsulados. “Las alianzas con el movimiento ecologista y las ONGs comprometidas con la defensa de sus derechos, son un elemento central en la construcción de esa identidad común de carácter transnacional que bajo el nombre de ‘Cuarto Mundo’ intenta expresar no sólo la justa demanda de los pueblos indígenas, también su creciente incorporación como un nuevo actor social y político dentro del sistema jurídico internacional”, afirma. Arriba