PODER POLÍTICO Y JUSTICIA

Corte y confección: tribunales a medida

Una mirada retrospectiva a las relaciones entre el Ejecutivo y el alto tribunal, permite dilucidar la endeble línea que separa estas esferas de poder. Todos los gobiernos quisieron una Corte condescendiente a sus aspiraciones. En algunos casos, se designaron jueces amigos, se amplió la cantidad de miembros, se ejerció presión, y en otros, directamente se avasalló la institución removiendo arbitrariamente a todos sus integrantes. Hoy, la gestión de Néstor Kirchner anuncia un recambio: ¿el fin de la Corte adicta?

Por Jesica Bossi
jbossi@segundoenfoque.com.ar

“Vengo a denunciar presiones”, afirmó el hombre, el pasado miércoles 4 de junio por la noche. Era el primer discurso en cadena nacional de radio y televisión del presidente Néstor Kirchner, y duró alrededor de 8 minutos. Ese lapso le bastó para reclamar la renovación de la Corte Suprema de Justicia y, para eso, invocó a que los legisladores aplicaran los mecanismos disponibles con el fin de preservar las instituciones. En definitiva, exigió la remoción de algunos jueces a través del juicio político parlamentario.
El mensaje presidencial habría tenido, al menos, dos motivos. Por un lado, las declaraciones de la máxima autoridad de la Corte, Julio Salvador Nazareno, quien días antes, en una improvisada conferencia, había manifestado que no pensaba renunciar por el momento y, entre risas y chicanas, le dedicó un “dejate de joder” a un periodista. El ex jefe de policía de la provincia de La Rioja y amigo de los Menem devenido en cortesano en 1990, envió una clara señal, con olor a extorsión: “Miren qué fácil que la Corte diga un día 13%, pagá al contado, pagá al contado, no bono, contado, devolvé la plata ya”. Una segunda motivación del anuncio es que Kirchner tenía información de que el alto tribunal estaba preparando un fallo en favor de la redolarización de los depósitos de los ahorristas particulares, a partir de la resolución del caso testigo conocido como “Lema”. 
Este episodio deja entrever la tensión existente entre el Ejecutivo y la institución judicial, cuando ambos no están en la misma sintonía. Una situación similar había enfrentado el ex senador Eduardo Duhalde que, tras la eyección de cinco presidentes en 2001, asumió, según sus palabras, el “deber patriótico” de conducir la transición. En un primer momento, el bonaerense apuntó directamente a la Corte cuya mayoría había sido digitada (previa ampliación de sus miembros) por Carlos Menem, a quien Duhalde acompañó en los primeros años de gobierno. En aquel entonces, los jueces no tardaron en sugerir que la gestión duhaldista podía derrumbarse como un castillo de naipes, si salía algún fallo en contra del “corralito”, la “pesificación”, u otras cuestiones referentes a la emergencia económica de la Argentina. Esto, sumado a las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), provocó que Duhalde desechara su plan.
Sin apoyo del oficialismo, el pedido de juicio político encauzado en 2002 fracasó. Después de 8 meses de preparativos y discusiones en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por el santacruceño Sergio Acevedo, el dictamen acusatorio se trató en el recinto el 10 de octubre de ese año. El peronismo que había propulsado la remoción, no encontraba palabras para justificar por qué meses antes los ministros de la Corte eran susceptibles de remoción por mal desempeño y en ese momento no.
De acuerdo con la votación, el que más cerca estuvo de dejar su sillón de cortesano fue Nazareno quien también cosechaba el mayor número de imputaciones (44 cargos). Sin embargo, fue el menos votado por los legisladores, Gustavo Bossert, quien optó por renunciar. El ministro que llegó al tribunal como consecuencia del Pacto de Olivos y formó parte de la “minoría disidente”, dimitió por “cansancio moral”. Con rápidos reflejos, Duhalde quiso poner su ficha en la Corte que habían armado el ex presidente radical Raúl Alfonsín y Menem. De esta manera, el entonces presidente provisional del Senado, el cordobés Juan Carlos Maqueda, accedió al máximo tribunal.

Entre golpes y rupturas

La Corte Suprema de Justicia se creó como institución con la sanción de la Constitución en 1853. Sin embargo, se conformó y funcionó como tal una década más tarde, en 1863, con la jura de los primeros cinco ministros elegidos por el entonces presidente de la Nación, Bartolomé Mitre. Entre los designados estaban Francisco de las Carreras, Salvador M. del Carril, Francisco Delgado, José Barros Pazos y Benjamín Gorostiaga. “Como Presidente de la Nación busqué a los hombres que en la Corte Suprema fueran un contralor imparcial e insospechado de las demandas de los otros poderes del Estado, y que viniendo de la oposición dieran a sus conciudadanos la mayor seguridad de la amplia protección de sus derechos, y la garantía de una total y absoluta independencia del Alto Tribunal”, declaró Mitre, cuando se prestaba a tomar juramento a los nuevos magistrados. 
Según el constitucionalista Daniel Sabsay, la figura más destacada de esa época fue Gorostiaga, un jurista inspirado en el ideario de Juan Bautista Alberdi. Asimismo, agrega que estuvo a cargo de estos primeros jueces “la difícil tarea de implementar la nueva constitución y poner en marcha las instituciones”. [i]
Con el paso del tiempo, la doctrina de la Corte fue transformándose y se produjo un episodio que, a juicio de los estudiosos, dañó gravemente la vida institucional del país. El 6 de septiembre de 1930 se concretó el primer derrocamiento de un gobierno civil encabezado por militares. El entonces presidente radical Hipólito Irigoyen –que había sido reelecto en 1928 para su segundo mandato- fue sustituido por el general José F. Uriburu. La “Junta Revolucionaria” que juró respetar la Constitución, disolvió el Congreso, intervino las provincias –a excepción de San Luis y Entre Ríos- y removió a varios funcionarios judiciales. En este marco, sólo la Corte permaneció intacta.
Días más tarde, el 10 de septiembre, el tribunal dictó una Acordada por la que reconocía el gobierno de facto recién constituido y consideraría válidos los actos de esos funcionarios. El jurista Alejandro Carrió define a esta Acordada como un “engendro”. Opina que con esta determinación, la Corte se apartó de la clásica limitación que se había impuesto durante años, de no emitir opiniones en abstracto, o sea fuera del marco de una concreta contienda judicial. Dice al respecto: “Visto con alguna perspectiva, pienso que eso fue un grave error, pues importó abrir la puerta a que se legitimaran, de allí en más, las variadas revueltas militares que signaron nuestra vida política por el resto del siglo (...) No pretendo decir con esto que la Corte de 1930 estaba en condiciones de hacerle frente a los generales en una disputa física. En la mitad de una refriega, sólo metafóricamente la pluma es mejor arma que un mazazo. Pero sí creo que una Corte que se hubiese negado a convalidar una revuelta militar –aún cuando ello condujese a su inmediato reemplazo- nos habría evitado el nacimiento de doctrinas de ‘emergencia’ de las que hoy resulta muy difícil desprenderse. La Constitución es un pacto de convivencia en el que las revueltas militares no tienen espacio. Pretender lo contrario es algo así como aceptar dormir con el enemigo, con el argumento de que estamos mejor con él que en la calle”.[ii] 
De esta manera, se asienta la “doctrina de facto” que luego avalaría los golpes militares de 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976.

Los gobiernos y sus cortes

En la historia de la Argentina, sólo se concretó un proceso de juicio político a los miembros del máximo tribunal durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón (ver aparte). Fueron imputados cuatro de los cinco miembros, y como resultado tres de ellos fueron removidos y uno renunció. En su mayoría, los constitucionalistas acuerdan hoy que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Lo cierto es que la nueva Corte, a diferencia de su antecesora, permitió la ejecución de las ideas del justicialismo.
En 1955, tras el derrocamiento del peronismo, los militares de la “Revolución Libertadora” crearon y cobijaron a su Corte adicta hasta que en 1958 asumió la presidencia Arturo Frondizi. Sumergido en un contexto de inestabilidad política y bajo la sombra de los sables, el jefe de Estado decidió que elevar de cinco a siete el número de jueces del tribunal podría otorgarle una relación de fuerzas más favorable dentro del Poder Judicial. Fue entonces cuando se sancionó la ley 15.271 que incorporó dos cargos más. Esa Corte estuvo presidida por Julio Oyhanarte que, en 1962, al ser echado Frondizi le tomó juramento al vicepresidente José María Guido.
En 1963, el radical Arturo Illia asumió como primer mandatario. Un año más tarde, envió al Congreso un proyecto para aumentar a diez el número de los cortesanos pero ese plan fracasó. Hay que destacar que las excepciones en el siglo XX a la práctica de modificar la composición de la Corte, fueron los gobiernos de Guido (1962-1963) y de Illia (1963-1966). Cuando en 1966 el general Juan Carlos Onganía derrocó a “Don Arturo”, arrasó también con la Corte que sobrevivía con miembros elegidos desde la “Libertadora” hasta Frondizi. 
En 1973, con la asunción de Héctor Cámpora al gobierno, el peronismo forzó la renuncia de los jueces de la dictadura. La Corte que se desempeñó hasta 1976 estuvo presidida por Miguel Angel Bercaitz. 
El golpe militar del ‘76 encabezado por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, relevó a los ministros y los reemplazó por otros que serían fieles al gobierno de facto. El tribunal estuvo dirigido por el administrativista Horacio Heredia hasta que murió en 1978 y fue suplantado por el entonces procurador general Elías Guastavino. “La Corte elegida a dedo por la dictadura mostraba una cerrada obsecuencia al fanatismo autoritario del régimen. Ese alto tribunal no cuestionó el arrasamiento de los derechos individuales y políticos producido entonces, ni los profundos cambios en la estructura económica llevados adelante por el plan de José Martínez de Hoz aunque intervino ya casi en el final agónico del régimen luego de la derrota humillante en la guerra por las Islas Malvinas, en 1982, en la investigación de algunas causas de corrupción del régimen”, describe un artículo de María Seoane y Armando Vidal, publicado en Clarín.[iii]

El tribunal en democracia

En 1983, con el retorno del régimen democrático, era el turno del presidente Raúl Ricardo Alfonsín de conformar un tribunal acorde a los nuevos tiempos. El radical convocó para ocupar un lugar en al Corte a su abogado y amigo personal, el liberal progresista Genaro Carrió. Lo acompañaron dos radicales no alfonsinistas: José Severo Caballero y Augusto Belluscio. También fue designado el socialista Carlos Fayt y Enrique Petracchi. Éste último, era hijo del homónimo Procurador General de la Nación y Procurador del Tesoro de la primera presidencia de Perón y una vez más Procurador General en el gobierno de Isabel, depuesto en 1976.
Las nominaciones de los candidatos a integrar la Corte fueron aprobadas sin demasiados cuestionamientos. En el Senado, de mayoría justicialista, hubo un apoyo unánime. En abril de 1985 se precipitó la primera baja. Carrió renunció por razones de salud y fue reemplazado por Jorge Bacqué, un personaje de tendencia y características intelectuales similares.
Durante la primera época de la gestión alfonsinista, en medio del resurgir de los valores democráticos, la Corte asumió un activismo sin precedentes en materia de derechos y garantías constitucionales. “Los derechos del individuo fueron colocados por encima de las exigencias de la seguridad nacional. Alfonsín recitaba el preámbulo de la Constitución y la Corte hacía valer esos principios en casos que afectaban la vida cotidiana de las personas (...). Esta armonía universal no soportó las disonancias de la Semana Santa de 1987”, describe el periodista de Página/12, Horacio Verbitsky. [iv]
La amistad entre el Ejecutivo y el alto tribunal llegó a su fin con la pretensión de Alfonsín de que la Corte se apoderara de todas las causas de militares para desprocesar por “obediencia debida” a los oficiales en actividad. Con esta acción, haría un guiño a los militares y no asumiría el costo político de no cumplir ante la sociedad con su promesa de justicia sin excepciones ni prerrogativas. Sin embargo, el abogado de Chascomús no logró convencer a los cortesanos. Más adelante, Alfonsín envió al Congreso un proyecto que aumentaba de cinco a siete el número de ministros de la Corte. También instituía el mecanismo denominado per saltum que habilitaba al tribunal a saltear instancias y avocarse a causas de gravedad institucional radicadas en tribunales inferiores.
A pesar del intento, durante el gobierno radical, la ampliación de la Corte llegó de la mano del flamante presidente Carlos Saúl Menem. Con una rapidez inusitada, el riojano envió al Parlamento el 15 de septiembre de 1989 una iniciativa que aumentaba el cupo de 5 a 9 miembros. El motivo que exponía el jefe de Estado era el exceso de causas atrasadas, la supuesta delegación de tareas en personal auxiliar y la necesidad de elevar el nivel académico de las sentencias.
El 28 de septiembre, el Senado de la Nación aprobó la ley de ampliación. En cambio, la iniciativa quedó empantanada en la Cámara baja, en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales. Recién en abril de 1990, el oficialismo logró –en una sesión cuestionada por irregularidades- la sanción. “Fue la votación más difícil del gobierno, que pudo sesionar con quórum estricto de 128 diputados y luego obtuvo los dos tercios de los presentes a favor del tratamiento sobre tablas. Recién entonces entraron los radicales, sin abandonar su propósito de dejar la sesión en minoría”, escribe Verbitsky.[v]
En disconformidad con la ley 23.774, Bacqué decidió alejarse. Mientras, el Presidente propuso los candidatos a cubrir las vacantes y el Senado dio su apoyo. Con respecto al accionar de los nuevos magistrados, sostiene Sabsay: “A poco de andar la Corte, con su nueva integración, (...) la denominada ‘mayoría automática’ lograda por el Poder Ejecutivo hizo que los pronunciamientos fuesen manipulados para imponer los criterios del ejecutivo en las principales causas –ya tuvieran éstas implicancias políticas o económicas- a las que fue llamada a fallar la Corte; y aún en aquellas en que, por obra y gracia del per saltum, nadie la llamó a hacerlo. No sólo avanzó en la creación de incertidumbre jurídica en litigios en que el Estado nacional es parte, o donde el partido de gobierno lo es, sino también en casos en que los intereses en juego son los de funcionarios, sus amigos, parientes o clientes, todo ello a través de gravísimas irregularidades”.[vi]

La nueva era

Hoy, se da por sentado el desmantelamiento de la “Corte menemista”. Nazareno no soportó la embestida legislativa y renunció el 27 de junio pasado. Igual determinación tomó Guillermo López, otro integrante de la mayoría automática, cuando la Comisión de Juicio Político se disponía a admitir el inicio del sumario para su enjuiciamiento, el 23 de octubre. Mientras, el dirigente de la Asociación Argentina de Tenis, Eduardo Moliné O’Connor adoptó la estrategia de resistencia: aprobada ya la acusación en Diputados y suspendido en sus funciones, espera el fallo del Senado constituido en tribunal. Todavía es una incógnita el camino que seguirá Adolfo Vázquez, amigo personal de Carlos Menem, después de iniciarse el procedimiento de juicio político en su contra. A estas bajas, se sumaría la de Carlos Fayt, quien sostuvo que podría renunciar en poco tiempo.
Por segunda vez en la historia del país, el juicio político, mecanismo que prevé la Constitución en sus artículos 53, 59 y 60, toma relevancia a la hora de remover a los magistrados del máximo tribunal. Como en la época de Perón, no son pocos los constitucionalistas que advierten acerca de la debilidad de los cargos formulados por los legisladores. Y que, además, señalan el hecho de que son exactamente los mismos diputados y senadores del justicialismo los que hoy avalan lo que ayer defenestraron.
En el marco de la designación de nuevos magistrados, el Ejecutivo estableció el decreto 222 que plantea una autolimitación del Presidente e indica determinados pasos a seguir con el objetivo de transparentar el procedimiento. El primero en “probar” tal mecanismo fue el penalista Eugenio Raúl Zaffaroni, quien asumió en lugar de Nazareno el 31 de octubre.
Desde esta perspectiva, el gobierno kirchnerista estaría cerca de concretar su deseo, compartido por la mayor parte de la sociedad, de oxigenar el alto tribunal. No hay dudas acerca de la desaparición de la “Corte menemista”, y sólo el tiempo dirá si eso conllevará al final de la “Corte adicta”.

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