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¿GIRO EN LA LEGISLACIÓN
LABORAL?
Trabajadores
argentinos: al derecho o al revés
Un escándalo de corrupción invalida una ley
laboral y el gobierno de Kirchner planea eliminarla. En ese
marco, sindicalistas y académicos exigen la revisión de sus
disposiciones por considerar que desprotegen al trabajador,
frente a otros que creen que puede contribuir a crear empleos.
En tanto, un viejo proyecto de la primera dama propone la
derogación, y hace fuertes cuestionamientos a la política
laboral de los últimos 30 años.¿El fin de la legislación
del trabajo según el mercado?
Por Jairo Straccia
jstraccia@segundoenfoque.com.ar
La confesión de un arrepentido despejó todas las dudas: la
última reforma laboral en Argentina se aprobó mediante el
pago de sobornos. De esa forma, se cerró una serie de
modificaciones normativas que durante años fue acortando los
derechos de los trabajadores.
El ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto abrió la
boca e involucró a senadores y funcionarios del gobierno de
Fernando de la Rúa que el 26 de abril de 2000 celebraron la
consecución de la nueva ley. Y le dio un empujón a la causa
judicial que dormía en tribunales (ver aparte).
Ante esto, la administración de Néstor Kirchner puso la mira
en la norma y prepara su derogación. Institucionalmente
insostenible, la ley 25.250 es, además, la profundización de
políticas laborales establecidas según criterios de mercado,
cuyos efectos no escapan a las distintas centrales sindicales
y a especialistas que reclaman su fin.
Sin embargo, aunque ha tenido poca difusión, la más enérgica
postura contra gran parte de la legislación laboral reciente
es la mismísima primera dama Cristina Fernández de Kirchner.
Por lo menos, así se ve en los fundamentos del proyecto de
derogación que presentó como senadora nacional hace dos años.
La cereza
La segunda mitad del siglo XX se había caracterizado por
el aumento de la protección al trabajador, hasta que los
vientos cambiaron. “Después de la década neoliberal
–sostiene Javier Lindenboim, del Consejo de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)- evidentemente la relación
es, en líneas generales, de ventajas para el capital y no
para el trabajo. Entonces, lo que el capital quiere decir es,
‘bueno, si ahora las cosas son diferentes, ¿por qué
tenemos que seguir dando las ventajas que antes dábamos?’.”
“Cuando las reglas de juego en el mercado del trabajo son más
eficientes, la creación de empleo es mayor a la misma tasa de
crecimiento”, argumenta en un artículo Aldo Abram, uno de
los titulares de la Consultora Exante[i].
Preceptos como éste cimentaron la legislación del trabajo
desde la dictadura militar y a lo largo del gobierno de Carlos
Menem (ver aparte). “Flexibilizar” las relaciones entre
empleadores y empleados se hacía imperioso. Es decir, había
que huir de la “rigidez” que supone para el patrón el
cumplir con derechos del trabajador que son “costosos” e
impiden la contratación de más mano de obra. Porque se dijo:
“el peor de los empleos es mejor que la desocupación”.
La llegada al poder de la Alianza entre la Unión Cívica
Radical (UCR) y el Frepaso continuó con el proceso. Y en ese
contexto, se embarcó en negociaciones que finalizaron con
otra vuelta de tuerca sobre el mismo tornillo.
“Esta norma del año 2000 trató de ‘perfeccionar’ todo
lo que se había hecho en la década del noventa, en la época
menemista, de (Domingo) Cavallo, en la que si hubo algo
característico en el mercado de trabajo fue, precisamente, la
desprotección de los trabajadores”, recalcó a este medio
Lindenboim.
Entre otras modificaciones, la ley 25.250 estableció un
contrato a prueba -extinguible sin causa, preaviso ni
indemnización- más largo; dictó la caducidad de todos los
convenios colectivos de trabajo que no fueran rediscutidos en
los dos años posteriores a la sanción de la ley (es decir,
suprimió la “ultraactividad”); y dispuso la preeminencia
de los convenios negociados por empresas o representaciones
regionales sobre los convenios que acordaran los sindicatos
nacionales, aún cuando los primeros fueran menos ventajosos
para el empleado.
El director de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL),
Ernesto Kritz, cree que no puede juzgarse el impacto de esta
ley en el mercado laboral argentino: “No han podido ser
probados en toda su plenitud la bondad o las limitaciones que
tiene esta legislación porque se votó en un período de
agravamiento de la crisis” (ver aparte). Y agrega que
incluso el período de prueba puede ayudar a dar trabajo.
Con una visión muy diferente, el asesor legal del sector de
la Confederación General del Trabajo (CGT) que preside Hugo
Moyano, Héctor Recalde, advierte que para generar empleo
“no hay que mirar el derecho del trabajo” sino “la política
económica” (ver aparte). Por eso fustiga encendidamente
muchos puntos de la legislación en cuestión.
Qué hacer
El propio Recalde contó a la prensa en diciembre último[ii]
que el ministro de Trabajo Carlos Tomada le informó que el
Ejecutivo ha decidido derogar la ley del gobierno de De la Rúa.
Y añadió: “Moyano le planteó al ministro la necesidad de
anular ya la ley y todas las normas de flexibilización de las
últimas décadas”. También la otra vertiente sindical,
conocida como “CGT oficial”, comandada por Rodolfo Daer,
pidió que se frene la vigencia de esa medida.
En tanto, el jefe de gabinete Alberto Fernández había
asegurado que no es intención de Kirchner generar un caos
normativo al eliminar esta norma: “Hay que moverse con mucho
cuidado porque una derogación lisa y llana podría generar un
vacío legal importante”, dijo[iii].
“El que dice eso sanatea”, respondió Recalde a Segundo
Enfoque acerca de los problemas que acarrearía el
terminar con la ley. Y se explayó: “Cuando usted deroga una
ley, lo primero que hace es ver qué situaciones jurídicas
pueden quedar sin normar. Y lo soluciona con el mismo texto de
la derogación”.
Dejó en claro, entonces, que el problema es la falta de
voluntad política, aunque destacó: “Yo creo que el
presidente Kirchner tiene la decisión política. Ahora si los
ministros no le llegan al tono, es otra cuestión”. En
cambio, Kritz pareció compartir la mirada del gobierno, pues
subrayó que no puede haber derogación sin la elaboración de
una alternativa.
Ella
En este contexto, revivió el expediente 1705-S-01, que
descansaba en el departamento de información parlamentaria
del Congreso Nacional. Es el proyecto de ley de Cristina Fernández
de Kirchner con fecha de 11 de diciembre de 2001, que tiene
nada más que once palabras:
Artículo 1º: “Derógase la ley 25.250, de reforma
laboral”
Artículo 2º: “Comuníquese al Poder Ejecutivo”
Pero tiene 35 carillas en sus “Fundamentos”, donde se
detallan “las razones de índole económica, social, política,
judicial, ética y jurídica” que justifican su propuesta. Más
de dos años después de su iniciativa, y con mucho más poder
que en aquel momento, el texto adquiere otro significado.
Porque contiene, por un lado, un recorrido histórico de la
legislación laboral en América Latina y en Argentina en
particular, desde sus orígenes hasta la actualidad. Se
detiene en la normativa promovida en sucesivas etapas por el
gobierno de facto de 1976-1983 y por Menem.
Además, refuta desde el punto de vista jurídico todo el
articulado de la ley radical de 2000 con abundantes citas de
tratadistas y académicos (ver aparte). Son sugestivos allí
los análisis de hombres que hoy influyen en la discusión y
tienen poder de decisión, como Recalde, y el propio Tomada.
El trabajo que se adjunta al proyecto incluye una extensa
recopilación del presunto pago de sobornos y su investigación
judicial, y un anexo estadístico con datos del mercado de
trabajo y de la calidad de vida de los argentinos de los últimos
diez años. “Los datos estadísticos revelan el estado de
desprotección que significaron estas normas, incluida la
25.250, que a la vez fueron exacerbadas en una especie de círculo
vicioso, por la situación socioeconómica que generaba el
modelo económico neoliberal”, afirma la senadora más
poderosa del país.
Con todo esto, vale la pena preguntarse si lo que en la Casa
Rosada se teje es la derogación del último retoque a la
legislación laboral, hecho por el gobierno de De la Rúa, o
–como permite deducir el desarrollo hecho por la mujer del
presidente- si puede plantearse una revisión del derecho del
trabajo argentino consagrado en los últimos 27 años.
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