El negocio negro: peligro público, salud privada

Mientras los proyectos de ley que protegen a la ciudadanía duermen en el Parlamento, los laboratorios consiguen fallos en la Corte Suprema que aseguran sus ganancias. El Gobierno, en lugar de sancionar una legislación de medicamentos que permita a los pacientes elegir y pagar precios más baratos, la utiliza para extorsionar a los empresarios farmacéuticos. Más que nunca, las “leyes del mercado” especulan con la vida de las personas.

Por Jesica Bossi y Jairo Straccia
jbossi@segundoenfoque.com.ar
jstraccia@segundoenfoque.com.ar

La muerte alcanza a todos. La medicina para luchar contra ella, sólo a una parte de la población. La adulteración de medicamentos y su venta ilegal por fuera de la red farmacéutica traen graves consecuencias físicas. A su vez, los remedios legales tienen precios muy por encima de lo que salen en otros países y su aumento a lo largo de la última década ha sido gigante.
Fue en junio de 1997 cuando una mujer creyó que se estaba tratando el mal de Parkinson que padecía y murió. Había estado ingiriendo, tal como le había recetado su médico, Madopar 250mg, de laboratorios Roche. Lo que no sabía era que el medicamento no servía, se le había quitado la droga necesaria para combatir el mal. Estaba adulterado.
Tal fue el escándalo que produjo el hecho, que desde la Procuración General de la Nación se conformó la Comisión de Investigación de Delitos de Medicamentos Adulterados, a cargo del Fiscal de Distrito Norberto Quantín. Hasta el último semestre de 1999, de 5678 casos de análisis de medicamentos, el 92% resultó no apto para la comercialización. De ellos, el 18% poseía defectos de calidad. Se detuvieron 62 personas.

Según informaron los dos fiscales que quedan hoy ocupándose del tema, Marcelo Munilla La Casa y Adrián Giménez, la mayoría de los casos se detectan en el conurbano bonaerense. Trabajan en conjunto con el Programa de Pesquisas de Medicamentos Ilegítimos dependiente del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Su titular, Carlos Chiale, confió a Segundo Enfoque que a la fecha se habían desbaratado alrededor de dos decenas de laboratorios clandestinos.
Gracias a los 20 inspectores de este programa -que utiliza 720.000 pesos aportados por las cámaras de farmacéuticos y el Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA)- Chiale celebra: “se puede decir que las farmacias están limpias de medicamentos adulterados”.
También en la provincia de Buenos Aires, por iniciativa del Colegio de Farmacéuticos de ese lugar, se puso en funcionamiento en noviembre de 2000 la Red de Vigilancia Farmacéutica, que recibe denuncias e inquietudes de cualquier persona que tenga un problema con la medicación.
La venta ilegal canaliza fuera de las farmacias sustancias falsificadas. La desregulación económica a través del decreto 2284/91, estableció en su artículo 14 que determinados remedios, regulados por una autoridad sanitaria, podían ser vendidos en cualquier lugar. Sin embargo, en estaciones de servicio y quioscos se ofrecen al público antibióticos, que necesitarían prescripción médica.
En ese sentido, el 6 de noviembre último, la diputada socialista María Elena Barbagelata elevó junto a otros legisladores un proyecto de resolución en reclamo al Poder Ejecutivo de un informe sobre las medidas que se llevan tomadas respecto de esta situación. Allí, se cita un estudio del INAME del que surge que de todos los quioscos inspeccionados, el 71 % vende medicamentos ilegales: que requieren receta, que están falsificados o que están vencidos.
El INAME está abocado del mismo modo a rastrear los robos a transportes y farmacias que alimentan el comercio clandestino. Chiale, sin embargo, cree que el tráfico ilegal es una falencia cultural: “la gente que compra medicamentos en el tren, ¿qué necesidad tiene?, existe una alta probabilidad de que sea ilegítimo”.

Los fiscales del Ministerio Público coinciden en que se les presenta un problema importante a la hora de encuadrar penalmente los casos. "Necesitamos que alguna persona haya tomado un remedio “trucho” para poder hablar de envenenamiento, porque no hay una figura que penalice la falsificación en el Código Penal”, remarca Munilla Lacasa, que es fiscal hace ocho años y veinte que está en la Justicia.
Hace un año y medio, con el aporte de Munilla Lacasa y Giménez, en la Comisión de Legislación Penal de Diputados, el congresista Héctor Polino elaboró un proyecto que modifica el Código Penal y le agrega un artículo contra la falsificación de fármacos. “llevamos los proyectos, y se llegó a un articulado casi definitivo de lo que nosotros veíamos como necesario, pero todavía no pasó nada”, se quejan mientras exhiben una plancha repleta de imitaciones de Bayaspirina.
Por otro lado, el diputado nacional por el Frepaso, Federico Soñez, espera hace tiempo que se trate un proyecto de su autoría que restringiría el expendio de cualquier remedio -incluso los llamados de venta libre- sólo a las farmacias. Dice el texto: “el carácter de venta libre, no le quita su condición de medicamento, (...) su uso inadecuado genera distintos tipos de daños”. Con dictámenes positivos de las Comisiones de Salud, Comercio y Defensa del Consumidor, no ha tenido lugar en la agenda del Congreso que se renueva.

Desde otra perspectiva, el mercado de medicamentos tiene una característica muy particular: quien consume no decide y quien decide no paga. Tal vez por esa razón en nuestro país un paquete de seis ampollas de Voltaren (de Laboratorio Novartis) cuesta 19,52 pesos, mientras que el mismo producto en España ronda en los 2,50. La diferencia es del 680%.
Argentina es uno de los lugares en que se venden los remedios más caros del mundo. A partir de la desregulación de 1991, se eliminó el control de precios, se estableció un nuevo régimen de patentamiento y se inició un proceso de apertura externa de la economía. En ese sentido, la nueva legislación facilitó la importación directa y agilizó los trámites aduaneros.
Los laboratorios fabrican dos líneas de medicamentos. Por un lado, los denominados “genéricos” que son equivalentes al producto de investigación original, es decir, son copias autorizadas por un organismo gubernamental -en Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología Médica (ANMAT)- que tienen un efecto terapéutico comprobado. Por otro parte, los “éticos” son aquellos elaborados por marcas comerciales conocidas, que cuentan con una buena presentación, prospectos y un apoyo publicitario. La gran diferencia entre estas modalidades es el precio: los genéricos son notablemente más baratos.
En Estados Unidos, los profesionales recetan por la denominación de la monodroga (genérica) y, por ende, los consumidores adquieren el remedio o marca que prefieren. Aquí, el marco jurídico sólo permite adquirir genéricos a los hospitales. A través del decreto 177/93 se obligó a prescribir productos con nombres de fantasía o, directamente, el de los laboratorios. Desde muchos sectores denuncian que los médicos, seducidos por los regalos, cursos de capacitación en el exterior y un porcentaje por la facturación generada, recetan los medicamentos que los laboratorios aconsejan.

Otro de las causales del elevado costo de los fármacos radica en la Ley de Patentes. En 1994, se firmó el acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual en Relación con el Comercio (TRIPS, su sigla en inglés). El cumplimiento de este tratado es una condición para integrar la Organización Mundial del Comercio (OMC) e implica que los derechos se mantengan durante 20 años.
Los críticos del TRIPS consideran que en un futuro cercano los países subdesarrollados perderán la posibilidad de producir o importar productos genéricos y, por lo tanto, las multinacionales controlarán, aún más, el mercado. Según el especialista en patentamiento farmacéutico, Carlos Correa, el sistema de patentes fue concebido para recompensar la capacidad inventiva y alienta el progreso de la tecnología. Sin embargo, en la actualidad se corre el riesgo de que limite la innovación que debería promover.
“Miles de patentes se conceden sobre desarrollos menores, ideas triviales o sustancias que ya existen en la naturaleza, que fueron descubiertas mas no inventadas”, sostiene Correa. En ese sentido, la Oficina de Patente de Estados Unidos otorgó en 1990 más de 160 mil licencias, mientras que 10 años atrás cedía la mitad.
En el campo farmacéutico se registran pocas entidades químicas nuevas. Sin embargo, son miles las patentes que se confieren a ese sector. ¿Por qué? La explicación es muy simple: las empresas realizan pequeños cambios en las fórmulas, en el envase, en la cantidad de unidades, descubren un nuevo uso del producto o crean otro mediante combinaciones ya conocidas.
Por otro lado, si una de las metas del patentamiento es invertir en investigación y desarrollo para combatir las enfermedades asociadas a la pobreza, no se explica por qué se dedica sólo el 0,2 % a la diarrea, la neumonía y la tuberculosis, los tres grandes males del Tercer Mundo. Con respecto al SIDA, la patente de lamivudina/zinovudina Combivir, de vital importancia para el tratamiento, ha sido otorgada en 1996 a Glaxo Wellcome. Eso significa que por 20 años no se podrán vender copias genéricas más baratas. Por su parte, la empresa se situó en el puesto 35 de la lista de los principales contribuyentes al Partido Republicano -del actual presidente George Bush- en las elecciones de 2000.

A principios de octubre pasado, la diputada provincial Mirta Adobatti -Alternativa por una República de Iguales, ARI- denunció un pacto entre el gobierno nacional y la industria farmacéutica. El Ejecutivo pretendía comprar medicamentos a muy bajo costo para un plan social que brindase cobertura a jubilados totalmente desprotegidos. Según Alejandro Cano, asesor de Adobatti, la amenaza era: “si no me venden barato, saco una ley de medicamentos genéricos. Es decir, extorsionaban con algo que debería estar instituido”.
La legisladora de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley de medicamentos genéricos y esenciales, de acuerdo con los principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tras realizar estudios epidemiológicos, la entidad internacional fijó un listado de 300 remedios indispensables, la mayoría genéricos. En Argentina, existen 12.500 medicamentos en el mercado. El propósito del proyecto es justamente desarrollar políticas integrales y de racionalización para regular el gasto y los costos.
En el territorio bonaerense existe una ley de medicamentos aprobada en 1993 pero que nunca se reglamentó. Determina que los médicos prescriban en función a un formulario terapéutico provincial y que los farmacéuticos ofrezcan, en condiciones de igualdad de precios o de precio mayor, la sustitución por un medicamento más barato equivalente en su composición. Sin embargo, las empresas farmacéuticas se presentaron ante la Corte Suprema y consiguieron que se declare inconstitucional.
Argentina es uno de los países de mayor consumo mundial de fármacos per cápita. Según un informe de la Fundación Isalud, el gasto de medicamentos supera los 6.000 millones de pesos anuales: el 70% corresponde a los hogares y el resto lo financian las instituciones (hospitales, clínicas, obras sociales). En las naciones desarrolladas, la erogación en el rubro representa el 14% del gasto total en salud, en cambio aquí alcanza el 30%. Asimismo, debido a la drástica caída del 5% en el último año en las ventas de medicamentos con receta, los laboratorios decidieron, para compensar sus pérdidas, subir los precios. Arriba

Notas relacionadas

En números previos

-