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DEFAULT, DEVALUACIÓN Y
PESIFICACIÓN
Y en medio de todo, la
jubilación
En el último año y medio, la crisis política y
económica planteó un nuevo escenario para las AFJP. Su
enfrentamiento con el gobierno, y los rehenes: los que quieran
retirarse algún día.
Por Jairo Straccia
La última etapa económica argentina merece un apartado por
los cambios que introdujo dentro del sistema de jubilaciones y
pensiones privado. El gobierno de la Alianza (entre Fernando
de la Rúa y Domingo Cavallo), modificó varias leyes y alteró
la composición de la cartera de inversiones de las AFJP.
Luego, con la devaluación de enero de 2002, el gobierno de
Eduardo Duhalde modificó el valor de las tenencias de las
administradoras y generó un revuelo que llegó hasta la
Justicia.
Dentro de las posibilidades que las AFJP tienen para invertir
el dinero de los aportantes, se encuentran los títulos de
deuda pública, tanto nacional, provincial como municipal. En
bonos emitidos por la Nación, una AFJP no puede tener más
del 50 por ciento del total de fondos acumulados, mientras que
los títulos emitidos por los demás distritos no pueden ser más
del 30 por ciento.
En noviembre de 2001 por medio del decreto 1387/01 se realizó
un canje voluntario de deuda pública por otros títulos
llamados Préstamos Garantizados, que mantenían su moneda de
origen –dólares- y tenían como respaldo la recaudación
impositiva. Las AFJP tomaron la opción.
Luego, el 3 de diciembre de ese año, el gobierno obligó con
el decreto 1572/01 a las AFJP a invertir el 90 por ciento lo
que fueran recaudando mes a mes, durante 120 días, en Letras
del Tesoro (Letes), otro título público. Apenas tres días
después, en los últimos respiros de Domingo Cavallo en el
Palacio de Hacienda, el decreto 1582/01 hizo que las AFJP
compulsivamente pasaran a Letes todo lo que tenían depositado
a plazo fijo.
De esta forma, al finalizar 2001, las administradoras tenían
un 65 por ciento de sus fondos en títulos públicos, de los
cuales un 6.5 había sido transformado en Letes de manera
obligatoria.
El 6 de enero de 2002 el peso argentino fue devaluado. Se llevó
a cabo la “pesificación” de buena parte de la economía
local. Las obligaciones del Sector Público Nacional,
Provincial y Municipal se pasaron a pesos a razón de 1.4 por
dólar más un Coeficiente de Estabilización y Referencia (CER),
según el índice de precios al consumidor.
Quedaron incluidos dentro de este mecanismo, los Préstamos
Garantizados, las Letras del Tesoro y los depósitos a plazo
fijo que las AFJP tenían en cartera. La pesificación de los
Préstamos Garantizados de ninguna manera fue aceptada por las
empresas. Su resistencia a perder el valor original de esos títulos
que el gobierno ofreció pesificar, produjo que el 21 de julio
se decidiera otorgarles los viejos títulos en dólares
previos al canje hecho por Cavallo. Esto significaba que, como
no estaban siendo pagados por el Estado desde diciembre de
2001, debían entrar en la reestructuración general de la
deuda externa argentina.
A su vez, cuando comenzó este proceso de renegociación de más
de 94.300 millones de dólares el pasado 22 de septiembre, el
Gobierno argentino dijo que pretende una quita del 75 por
ciento del valor nominal de todos los títulos involucrados.
Entre ellos, los de las AFJP –20 por ciento del total-, que
en realidad son los fondos que han aportado los trabajadores,
y que podrían reducirse drásticamente, y con ello, sus
futuras jubilaciones.
En consecuencia, las administradoras se han embanderado como
defensoras del futuro de los argentinos y van a la Justicia a
la reclamar que fueron obligadas a comprar buena parte de los
títulos públicos. El gobierno las amenaza con una reforma
que flexibilice las condiciones y permita que los empleados
puedan volver del régimen de capitalización al de reparto.
Se perciben aires de cambio en el esquema jubilatorio
argentino. Pero un indicio marca que el futuro puede no
diferenciarse mucho de la actualidad: el secretario de
Finanzas, Guillermo Nielsen, ya adelantó el mismo día que
presentó la propuesta a los acreedores, que piensa contar
–otra vez- para el pago de deuda entre 2004 y 2018, con la
totalidad del 50 por ciento que las AFJP pueden invertir en títulos
públicos. Arriba
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