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CRECE LA PROTESTA
ANTI-MINERA
Un grito desde el
oeste catamarqueño
Unos 4.000 vecinos de tres departamentos de Catamarca aunaron
su reclamo contra el desarrollo de la minería metalífera de
gran escala en la región. Hay marchas periódicas, caravanas de
autos y hasta cortes en los accesos a las minas. Mientras
todavía se quejan de los resultados de la explotación de Bajo
de la Alumbrera, ahora buscan frenar el proyecto Agua Rica,
otro yacimiento de oro, cobre y molibdeno de porte mundial. Al
mismo tiempo, la administración de Néstor Kirchner eximió del
control de capitales a las compañías del sector y acaba de
celebrar la puesta en marcha de otro mega proyecto aurífero en
San Juan.
Por Jairo
Straccia
jstraccia@segundoenfoque.com.ar
La corriente de oposición a la minería metalífera en la
Argentina se profundiza ahora en la provincia de Catamarca. En
el distrito del noroeste del país, valorado mundialmente por
su riqueza en oro, cobre y molibdeno, vecinos organizados se
movilizan y cortan rutas para frenar el desarrollo de un
millonario proyecto multinacional. Lo hacen en defensa del
medio ambiente, pero también –dicen- contra un modelo minero
que los deja afuera de los beneficios que producen los
recursos naturales no renovables.
Unos 4.000 habitantes de los departamentos de Santa María,
Belén y Andalgalá se han agrupado para rechazar la puesta en
marcha de la mina Agua Rica, que la empresa canadiense
Northern Orion planea poner a producir el año que viene. “Decidimos conformar los Autoconvocados del Oeste
Catamarqueño, que nos estaría uniendo a los departamentos en
los reclamos y en las posturas por adoptar”, reveló el
dirigente santamariano Roque Chaile al diario local La
Unión.
Los manifestantes esgrimen motivos para quejarse: hace casi 10
años que funciona en la región una de las explotaciones
auríferas más grandes del país, Bajo de la Alumbrera. “La
gente dice que solamente con la minería vamos a salir, y ya se
viene probando hace años con Alumbrera que no hay ningún
cambio”, argumentó Baltazar Rojas, autoconvocado de la
localidad de Choya, cercana a Andalgalá. Las ganancias que se
lleva la también canadiense Xstrata Cooper Ltd. –aseguran- no
se perciben en los pueblos cercanos; por el contrario, sólo
son destinatarios de los desechos minerales, más algunos
programas de asistencia a la comunidad.
El caso de Catamarca es otra réplica de la experiencia de
Esquel, el pueblo de Chubut, que en marzo de 2003 impidió
mediante un plebiscito que otra canadiense, Meridian Gold,
desarrollara el proyecto El Desquite a muy pocos kilómetros,
empleando cianuro como parte del proceso extractivo. Incluso,
los esquelenses se han encontrado con vecinos del noroeste
para estrechar lazos en una lucha conjunta.
La oposición a la gran minería es común en Latinoamérica.
Grupos indígenas, vecinos, campesinos, ambientalistas, y hasta
líderes religiosos se oponen a la minería a cielo abierto (con
grandes explosiones), con uso de cianuro, asegura un artículo
del periodista Mark Stevenson en The Associated Press,
titulado “Minas a cielo abierto generan resistencia en América
Latina”.
En la Argentina, las protestas recrudecen mientras el gobierno
nacional reafirma el esquema legal y económico que hace una
década incentivó el llamado boom de inversiones
extranjeras mineras en el país, para explotar y exportar sin
procesar los metales que más se cotizan en el mundo.
Se trata de un sector que prevé inversiones
por 3.600 millones de dólares para el bienio. Desde la devaluación de 2002, el abaratamiento de costos
atrajo una segunda ola de capitales, que la administración
nacional intenta prolongar de todas maneras.
De hecho, ha
consolidado los beneficios impositivos de las compañías, y
acaba de celebrar la entrada en etapa productiva de la
explotación de oro de Veladero en San Juan, el primer mega
emprendimiento que se inaugura en la gestión de Néstor
Kirchner.
Con más fuerza
Con la consigna “Sí a la vida, no a la explotación de Agua
Rica”, los autoconvocados se movilizan el 12 de cada mes por
Andalgalá, en una marcha que siempre incluye un acto frente a
la sede administrativa de la compañía. Además, el 3 de octubre
también realizaron una caravana de vehículos que saturó de
bocinas el centro de la ciudad.
Pero el ánimo anti-mina está en aumento, a medida que avanzan
los proyectos en el país y el reclamo no obtiene respuestas.
En la madrugada del 23 de septiembre, los vecinos cortaron dos
caminos de acceso a Bajo de la Alumbrera, en los pueblos de
Choya y El Potrero.
El lunes 26 intervinieron las fuerzas de seguridad y
levantaron el corte de ruta, sin que se informara de actos de
represión. “El Gobierno instruyó a la policía para que accione
en contra de los que estábamos reclamando por nuestra salud,
nuestra agua, y nuestros derechos”, contó la andalgalense
Graciela Chaile en declaraciones a Radio Ancasti. La
justicia los acusó de impedir el derecho al trabajo, al
alimento y al descanso de las personas que trabajan en la
mina.
“No somos agresivos, pero cada vez se toma un poco más de
valor, se va perdiendo el miedo a las autoridades, como la
policía”, subrayó Baltazar Rojas, en diálogo con Segundo
Enfoque.
El próximo paso de los vecinos es una marcha provincial. En
realidad, decidieron postergarla hasta después de las
elecciones, para evitar que el clima electoral enturbie el
reclamo. Ya a principios de septiembre debieron salir a
aclarar que ellos no tuvieron nada que ver con una Marcha del
Oro que sectores vinculados al dirigente sindicalista Luis
Barrionuevo y al Partido Justicialista local hicieron en la
capital catamarqueña.
El objetivo final es conseguir un referéndum. Edgardo Salas,
concejal en Andalgalá por el Frente Cívico y Social (del
gobernador Eduardo Brizuela del Moral), es el único político
que forma parte del grupo vecinal y ya ha juntado 15.000
firmas para lograr que se convoque a un plebiscito vinculante
sobre el desarrollo de la minería en la provincia.
Contra el modelo
Los proyectos mineros no se rechazan sólo por el eventual
daño ambiental que podrían causar. En el reclamo catamarqueño
hay un cuestionamiento al modelo minero establecido en la
primera mitad de la década del 90.
A mediados de agosto se realizó el III Encuentro de la Red de
Comunidades Afectadas por la Minería (CAMA), un colectivo que
reúne a los sectores afectados directa o indirectamente por la
actividad minera a cielo abierto. Entre ellos, además de los
pobladores catamarqueños, se incluyen indígenas, campesinos,
profesionales y vecinos de Salta, Tucumán, San Juan, Neuquén,
Río Negro y Chubut.
Como cierre, y tras una marcha, se emitió un documento que
resume la concepción anti-minera actual, y que toma los
principios de los encuentros de noviembre de 2003 y abril de
2004. “La gran minería no significa otra cosa que un plan de
entrega total e irrestricto de nuestros recursos minerales,
nuestras tierras, y la afectación y contaminación de nuestras
reservas de agua dulce y los ecosistemas en todo el territorio
nacional”, sostuvo el comunicado.
La red exigió, en definitiva, “la inmediata paralización de
todos los emprendimientos mineros a gran escala” que hoy se
estén desarrollando, así como “la suspensión de nuevos
permisos y concesiones bajo el régimen legal actual”.
Frente al reclamo, las empresas se defienden: “No hay
exenciones de impuestos sino estabilidad fiscal”, afirmó Jorge
Fillol Casas, titular de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM)
en una entrevista con Página/12. Si bien reconoce que
en la Argentina los metales no se refinan porque no se produce
“un monto de toneladas suficiente”, asegura que la mayoría de
los reclamos se producen porque la gente “está mal informada”.
Sin cambios
Pero si hay algo que las autoridades nacionales no piensan
hacer, es modificar el marco jurídico que engendró el modelo
minero vigente. La Argentina es “la vedette
del mundo en la actividad”, se jactó en abril el secretario de
Minería de la Nación, Jorge Mayoral, durante el II Encuentro
de Proveedores Mineros, justamente en Catamarca.
En aquella oportunidad, Mayoral destacó el “compromiso
superlativo” del presidente Néstor Kirchner con el sector
minero. No es novedad. Ya cuando había lanzado el Plan Minero
Nacional, en enero de 2004, el primer mandatario no había
dejado dudas, al afirmar: “El sector minero argentino es uno
de los pocos sectores que durante la década del noventa, con
cambios importantes en la legislación, empezó a tener un punto
de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico
diferente”.
El Gobierno no se queda en palabras. El 12 de septiembre, la
minería quedó exenta del control de capitales dispuesto por la
administración Kirchner para el ingreso de divisas con el fin
de desalentar los fondos especulativos.
En el comunicado C 42.884 del Banco Central y a instancias de
un pedido de la Secretaría de Minería, se autorizó el ingreso
sin restricciones de divisas destinadas a cubrir gastos de
exploración en el sector.
Con esta decisión, el Gobierno confirmó aquel gesto que el 29
de octubre de 2004 había efectuado al instrumentar la
devolución del IVA a la exploración minera, que ya estaba
vigente desde la ley 25.429 de Actualización de Inversiones
Mineras y no había comenzado a regir. En la cartera minera lo
destacaron como la concreción de un “largo anhelo del sector”.
La gestión Kirchner prevé para el período 2005-2006 un piso de
inversiones de 3.600 millones de dólares. La cifra significa
un aumento considerable respecto de un año y medio atrás,
cuando se había previsto inversiones por tres años por 1.300
millones dólares. Los cálculos oficiales también hablan de
llegar hasta los 30.000 empleos directos y hasta 121.000
indirectos en ese plazo.
En marzo, en la Feria de Exploradores y Productores Mineros
que se realiza en Toronto, la Argentina tuvo un espacio
relevante. El analista Jeff Gree, de la consultora
especializada Paradigm Capital, aseguró que “es el país para
invertir”. Según la agencia estatal Télam, explicó que
las empresas canadienses con proyectos en el país
incrementaron sus acciones más del 30%, en tanto los proyectos
en otros países mantuvieron o disminuyeron sus valores
accionarios.
Ahora existen 130 proyectos en ejecución, en todas las etapas.
A los capitales de Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica,
Inglaterra, Australia y Perú, que hasta ahora han inundado la
Argentina en busca de sus riquezas subterráneas, ahora se
están sumando Corea y otros países asiáticos.
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