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LA
POLÉMICA POR EL CONTRATO CON AUSTRALIA
¿Reactor
por residuos?
La comunidad científica elogia los logros de la
empresa estatal INVAP. Los grupos ambientalistas encarnan una
feroz oposición. En medio de las dos posturas, los gobiernos
de Australia y Argentina ejercen un fuerte lobby para que el
Congreso ratifique el acuerdo de cooperación. La decisión en
manos de los legisladores puede cambiar la estrategia de la
política nuclear nacional para las próximas décadas.
Por Jesica Bossi
jbossi@segundoenfoque.com.ar
“La totalidad del
movimiento ambientalista argentino está en pie de guerra
contra esto, no podemos permitir que el capítulo ambiental de
la Constitución sea violado”, afirma Juan Carlos
Villalonga, integrante de Greenpeace. Desde que conoció los
pormenores del convenio entre Argentina y Australia, el
especialista en asuntos de energía nuclear se opuso a la
operación y no dejó de organizar protestas, hablar con
funcionarios y difundir la situación a través de los medios
de comunicación.
Fue a mediados de 1998 cuando el organismo australiano de
Ciencia y Tecnología Nuclear (ANSTO) llamó a una
precalificación de empresas internacionales para construir un
reactor nuclear para investigación científica y producción
de radioisótopos –utilizados para diagnósticos en
medicina. Se presentaron siete competidores: Siemens
(Alemania), Technicatome (Francia), AECL (Canadá), Hitachi
(Japón), General Atomics y los laboratorios Los Alamos y
Brookhaven (Estados Unidos), Skoda (República Checa) y, por
último, INVAP (Argentina). Entre tantos monstruos de la
industria nuclear, la empresa estatal argentina resultó
ganadora y en junio de 2000 firmó un contrato comercial con
ANSTO.
Con Fernando de la Rúa en la Casa Rosada, el entonces
canciller Adalberto Rodríguez Giavarini suscribió el
“Acuerdo entre Argentina y Australia sobre cooperación en
los usos pacíficos de la energía nuclear”. A los ojos de
los funcionarios argentinos, el pacto era un claro respaldo
político al contrato INVAP-ANSTO y abría las puertas para
concretar nuevos negocios en ese área. Este convenio, además
de la firma de ambos gobiernos, debe ser ratificado por el
Congreso Nacional. En ese sentido, el 7 de noviembre de 2001,
los senadores lo aprobaron “sobre tablas”, esto es, sin
labor parlamentaria ni estudio en comisiones. Desde entonces,
el acuerdo espera su tratamiento en la Cámara baja.
La discordia
Pocas cosas enfurecieron más a las agrupaciones
ecologistas que el artículo 12 del acuerdo de cooperación.
El apartado avala la posibilidad de que si Australia lo
solicitare, podría enviar al país combustibles gastados o
irradiados de su reactor para que sean acondicionados y luego
devueltos a su lugar de origen. “Argentina se compromete a
realizar una actividad que hoy en día ni si quiera está
realizando con nuestros propios residuos. Esto es: el
transporte de sustancias altamente radiactivas por miles de
kilómetros, por vía marítima, luego atravesando toda la
provincia de Buenos Aires, hasta el tratamiento de los mismos
en el Centro Atómico Ezeiza, y después de algunos años, el
regreso de esto hacia Australia”, argumenta Villalonga. Sin
descansar agrega: “Esto implica violar la Constitución y es
desactivar el impedimento legal para que este tipo de
operaciones se multipliquen, no sólo con Australia sino con
otros países”.
La línea divisoria entre quienes están a favor y en contra
del acuerdo la marca la Carta Magna en su artículo 41: “Se
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual
o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. De esto
se desprenden dos posturas:
-
Grupo A (“a favor”): “No viola la Constitución
ya que los combustibles gastados no son residuos
radiactivos”. Integran este sector la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA), INVAP, la Autoridad Regulatoria
Nuclear (ARN), las Academias Nacionales de Ciencias, la mayoría
de los legisladores.
-
Grupo B (“en contra”): “Viola la Constitución
porque los combustibles gastados son residuos radiactivos”.
Apoyan esta postura Greenpeace, la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales dirigida por Daniel Sabsay, la Fundación
Vida Silvestre, algunas asambleas barriales y legisladores, en
mayor medida, socialistas y del ARI.
La Ley Nacional de Actividad Nuclear (24.804), de 1997, es la
que regula el sector. Dispone que el Estado fijará la política
y ejercerá las funciones de investigación y desarrollo,
regulación y fiscalización, a través de la CNEA y de la
ARN. La normativa no especifica qué son los combustibles
gastados.
Por otro lado, la Ley de Gestión de Residuos Radiactivos
(25.018), promulgada en 1998, aclara: “(...) Se entiende por
residuo radiactivo todo material radiactivo, combinado o no
con material no radiactivo, que haya sido utilizado en
procesos productivos o aplicaciones, para los cuales no se
prevean usos inmediatos posteriores en la misma instalación
(...)”. Este concepto sintoniza con el esbozado por el
Licenciado Luis Jovilet, director del Centro Atómico Ezeiza,
lugar donde se realizaría el acondicionamiento de los
combustibles irradiados: “Es un elemento combustible que ha
cumplido su ciclo de utilización en el reactor nuclear y ha
sido extraído para ser reemplazado por otro. Pero le queda un
remanente energético importante que lo convierte en un
elemento que no necesariamente es un residuo radiactivo debido
a que se lo puede reutilizar”.
En el ámbito internacional, la Comisión Regulatoria Nuclear
de Estados Unidos (NRC) califica a los combustibles gastados
como “basura radiactiva” y, además, advierte que los
lugares de acondicionamiento de esos elementos se han
convertido en posibles blancos para el terrorismo. Por su
parte, la Agencia Internacional de Energía Atómica los
considera como residuos cuando se trata de material que no se
va a “reprocesar” y lo que se haría en Argentina es sólo
el “acondicionamiento”.
Desde Greenpeace, Villalonga alerta sobre supuestas artimañas:
“Lo que se va a traer es material que no va a tener ningún
tipo de uso ulterior y lo que se va a hacer es un típico
tratamiento de residuos radiactivos tan solo para
acondicionarlos de manera tal que puedan ser recibidos acorde
a las leyes que rigen en Australia. Por lo tanto, ni desde el
punto de vista legal ni técnico cabe esta búsqueda de la
vuelta argumental para hacer pasar esta operación por algo legal”.
Luz verde del Congreso
Los diputados saben que miles de ojos apuntan a sus
cabezas. Las manifestaciones tan originales como efectistas de
los opositores al contrato con Australia molestan demasiado a
los legisladores que aconsejan la ratificación del acuerdo.
“Las campañas de exacerbación de la opinión pública, las
actividades que tienen un gran efecto mediático pero no van
al fondo de la cosa, y las distintas manifestaciones en contra
del tratado son grandes escollos”, sostiene el diputado
cavallista José Luis Fernández Valoni.
El análisis del convenio recayó en las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el ex gobernador
de San Juan Jorge Escobar, y la de Energía y Combustibles,
dirigida por el justicialista Arturo Lafalla. Ambos despachos
se volcaron, en mayoría, por la ratificación del tratado.
Sin embargo, algunos diputados firmaron dictámenes aparte en
disidencia. Este es el caso del socialista Rubén Giustiniani,
quien en argumentó su postura basándose en tres motivos:
“Primero, por una razón constitucional, porque el artículo
41 de la Constitución es muy claro en cuanto impide el
ingreso de residuos radiactivos al país. Y este tratado
justamente lo viola. El segundo aspecto es una cuestión
ambiental ya que los deshechos del reactor de Australia surcarían
por mares y para llegar a la Argentina tendrían que pasar por
el Cabo de Hornos y esto entraría en contradicción con
convenios firmados con Brasil y Chile. Y el tercer motivo, es
de perfil de desarrollo tecnológico. Creemos que es positivo
exportar un reactor nuclear de baja potencia con fines de
investigación pero no que residuos radiactivos vengan a
nuestro país. Es decir que, aceptar por primera vez que
Argentina tenga que procesar deshechos de otros países abre
las puertas a un comercio peligroso que algunos sectores de
INVAP y de la CNEA están planteando”.
De acuerdo con el subgerente de INVAP Hugo Albani, se está
creando una enorme confusión en la sociedad que no permite
desmenuzar el asunto e ir a fondo. Hay dos niveles de discusión,
según su visión. “Una cosa es el contrato, que está
inscripto en el marco del derecho privado que firmó INVAP,
como empresa, y ANSTO, como representante de la comisión de
energía atómica australiana. Y otra cosa es el acuerdo país
a país que es lo que está en consideración en la Cámara de
Diputados hoy. Ese acuerdo es público, inscripto en el
derecho público y en conocimiento de la gente”. Si el
Congreso de la Nación no ratificara el Acuerdo de Cooperación
entre Argentina y Australia, esto no implicaría que la
operación de venta no se concretara. De hecho, en San Carlos
de Bariloche hace meses que se está construyendo el reactor
que sustituirá al que está funcionando en la localidad de
Lucas Heighs, en Australia, desde hace 35 años.
El visto bueno a este convenio es uno de los tantos pedidos
que el jefe de Estado Eduardo Duhalde le extendió –o exigió-
al Congreso para que sancione antes de que finalice en
noviembre el año parlamentario. El acuerdo nuclear con
Australia, hijo pródigo del gobierno radical, es hoy apoyado
por la mayoría justicialista. Aunque, lo que a simple vista
parece un trámite de fácil ejecución, se ha convertido en
un escollo para la mayoría de los legisladores debido a la
exposición del tema en los medios de comunicación. Mientras,
tan distantes como firmes, las posturas de los científicos
argentinos nucleados en la CNEA, por un lado, y de las
agrupaciones ecologistas, por otro, generan dudas y confusión
en la sociedad, alejada de los temas de la energía nuclear. Arriba
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