|
SANTIAGO DEL ESTERO:
CAMPESINOS ORGANIZADOS
Sal de tu pago sin
chistar
Cuna de la chacarera, la provincia del noroeste
argentino es escenario de la lucha de los campesinos para
conservar sus tierras. A partir de su organización, en 1990,
los pobladores rurales enfrentan los embates de los gobiernos
de turno y los atropellos de un aparato policial con prácticas
de tiempos de dictadura. Los intereses que rodean el negocio
de los suelos santiagueños involucran al poder político y
empresario.
Por Jesica Bossi
jbossi@segundoenfoque.com.ar
Cuenta una leyenda muy
difundida, que San Francisco Solano tuvo un percance en su
carreta al transitar por la región y le pidió ayuda a los
pobladores. Ante la negativa de los lugareños, arrojó sus
sandalias y gritó que no quería llevarse “ni el polvo”
de esas tierras. “De esta creencia popular, surgió la
interpretación de que los males provincianos obedecen a la
‘maldición de San Francisco Solano’. Un fatalismo sin
solución”, escribe el historiador Raúl Dargoltz, en “El
Santiagueñazo”, en 1994. Sin embargo, hoy los santiagueños
ya no atribuyen sus pesares cotidianos a los designios del
religioso franciscano.
Son 15 mil las familias campesinas que, en la actualidad,
viven de la producción agropecuaria a pequeña escala y que
están afectadas por la tenencia precaria de tierras. En el
70% de los casos, se trata de poseedores y, por lo tanto,
tienen derecho a reclamar ante la justicia. No obstante, el
procedimiento para lograr la regularización de la propiedad
es complejo y difícil de costear.
En 1990, tras largos años de atropellos y “desalojos
silenciosos”, los pobladores rurales se aglutinaron en el
Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE). A
partir de entonces, apoyados por un equipo de abogados,
defienden sus derechos e implementan mecanismos para impedir
que se concreten los desalojos arbitrarios.
Luis Santucho, asesor legal de la organización desde 1997,
explica el trámite que debe realizarse para conseguir el
reconocimiento de propiedad de las tierras: “En primer
lugar, tienen que llamar a un ingeniero agrimensor, que no es
gratuito, para realizar un plano de mensura a partir del cual
se puede iniciar el juicio de prescripción veinteñal. Hay un
artículo del Código Civil Argentino que reconoce y da la
categoría de titular del dominio, a quien haya poseído un
terreno por un lapso de más de 20 años y con ánimo de dueño”.
Y agrega: “Para que se cumpla con esto, se tienen que pagar
impuestos para ingresar al juicio, promover un beneficio de
litigar sin gastos, el traslado de los testigos, etc.
Entonces, un campesino que quiera obtener el título necesita
hacer una inversión muy fuerte, que muchas veces no puede
afrontar” (ver aparte).
Orígenes
La resistencia a abandonar las tierras que ocupan desde
hace décadas, los llevó desde mediados de los 80 a comenzar
a asociarse. La primera gran manifestación ocurrió en 1989,
cuando se conformó la Comisión Central de Campesinos de Los
Juríes. Algunas veces para producir o comerciar, y otras por
la falta de recursos, se intensificó el acercamiento entre
pequeñas comunidades, hasta que finalmente, el 4 de agosto de
1990, se declaró formalmente el nacimiento del MOCASE.
El “acta fundacional” plantea como objetivos la búsqueda
de soluciones a problemas comunes -como el reconocimiento de
las tierras-, la representación de los campesinos ante las
autoridades y la promoción de la capacitación en
cooperativismo y gremialismo, entre otros. Más adelante
aclara: “Queremos diferenciarnos de la forma tradicional de
hacer política, que se maneja con promesas incumplidas y que
no le interesa promover la unidad y la autodeterminación del
sector campesino”.
Un caso simbólico en la trayectoria del MOCASE, fue “la
carpa de La Simona”. El 12 de octubre de 1998, un paraje en
el monte santiagueño logró captar la atención de los medios
de comunicación nacionales. En ese episodio, los campesinos
se resistieron a las máquinas topadoras que pretendían
expulsarlos, arrasando árboles y cercos, hasta llegar a las
proximidades de sus ranchos.
En 1999, el MOCASE realizó un congreso. Allí, los
integrantes analizaron su estrategia de lucha y elaboraron un
documento que reconoce que sus mayores obstáculos consisten
en persistencia del “miedo al conflicto” y, por otro lado,
en el accionar del gobierno provincial (ver aparte). “La
presión de los punteros políticos que trabajan para desarmar
la organización, la persecución policial, los atropellos, la
cárcel”, son formas en que se reproduce el poder santiagueño,
sostiene el escrito. En ese sentido, el sociólogo del
Instituto Gino Germani, Pablo Barbetta, considera que no se
puede deslindar la emergencia y las prácticas del MOCASE del
contexto regional. “Las redes clientelares, la sistemática
represión de las libertades civiles y políticas, plantean
serios inconvenientes para el fortalecimiento de la organización.
(...) Desde el gobierno son considerados como
‘subversivos’”, afirma (ver aparte).
Derechos humanos, billetes y algo más
“Según órdenes del juez Ramón Gómez, de Santiago del
Estero capital, se realizó con total brutalidad un operativo
de desalojo. En el violento accionar fueron golpeados,
baleados y detenidos 15 campesinos, entre ellos Oscar Peralta,
que con bala de plomo fue herido por las espalda. Nuevamente
el aparato represivo de la provincia de Santiago del Estero
ataca a una comunidad campesina”, dice un comunicado de
prensa del MOCASE, de principios de marzo. Este es tan sólo
uno de los tantos casos que, según los pobladores, ocurren
con frecuencia.
De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), titulado “Los campesinos y el derecho a la
tierra”, en septiembre de 2000 fue denunciada una red de
espionaje ideológico, montada desde la Subsecretaría de
Informaciones de la policía santiagueña, dirigida a
periodistas, miembros de la iglesia, políticos e integrantes
del MOCASE. En ese sentido, afirma el abogado Luis Santucho:
“Nosotros tenemos la seguridad de la provincia en manos de
un jerarca de la dictadura militar fascista, el comisario
Antonio Muza Asar. Es el paradigma de la represión en
Santiago del Estero y está ocupando el mismo cargo que ejercía
en los tiempos de la dictadura. Este señor dirige a la policía
y, por lo tanto, con el consentimiento de él se está
reprimiendo constantemente a los campesinos”.
Las tierras, como todos los recursos naturales, son
reconocidos por su valor económico y estratégico. Rumores
acerca de la venta de territorio a cambio de una reducción de
la deuda externa, o las noticias sobre la compra de grandes
extensiones en la región patagónica, forman parte de
discusiones cotidianas y de campañas electorales. Para
Santucho, en Santiago del Estero esta cuestión está surcada
por una maraña de intereses. “Aparecen comprometidos el
poder político y algunos personajes que han utilizado toda la
confusión existente en los registros de la propiedad, en la
Dirección de Catastro y de Colonización, para estrechar vínculos
y producir una cadena mafiosa en donde la tierra va pasando de
mano en mano, y se vende a precios viles”, expresa con
furia. Arriba
|
