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ANÁLISIS DEL CONFLICTO VENEZOLANO
Tiembla la tierra de
Bolívar
La oposición planea otra huelga general indefinida
a corto plazo y ataca mediante denuncias ante el Tribunal
Supremo de Justicia. Instituciones que en otros tiempos eran
incondicionales al Presidente ahora marcan distancia. A pesar
del aumento de precio del petróleo la economía no despega. Y
el clima golpista persiste en Venezuela.
Por
Jesica Bossi
jbossi@segundoenfoque.com.ar
Para
el escritor Gabriel García Márquez, es un enigma de dos
caras: una, encarna “la oportunidad de salvar a su país”
y la otra, a “un ilusionista que puede pasar a la historia
como un déspota más”. Fidel Castro lo definió como “el
más grande demócrata de América Latina”. A los ojos de
Washington es un “demonio”, mientras los líderes
orientales lo miran con respeto. Difícil es conciliar todas
estas visiones sobre el presidente Hugo Chávez.
El salto a la Primera Magistratura lo pegó en 1998. Elegido
con el 56% de los votos y ratificado dos años después, el
teniente coronel atrajo tantas adhesiones como adversarios.
Para los empresarios, la prensa, buena parte de la clase media
y la Iglesia, es un “dictador populista y demagogo”. En
cambio, sus simpatizantes, en su mayoría pertenecientes a los
sectores más pobres, lo reivindican como un líder
revolucionario.
Los motores que propulsaron al joven militar al Palacio de
Miraflores fueron básicamente dos: las clases populares y las
Fuerzas Armadas. Sin embargo, algunas fracciones de la
institución poco a poco fueron distanciándose. Los roces
iniciales se manifestaron públicamente a principios de este año
cuando el coronel de aviación Pedro Soto lo desafió: “El
Presidente se tiene que ir y, antes de que renuncie, que
convoque a elecciones para que deje el país en manos de un
civil”. Además, el otrora edecán del ex presidente Carlos
Andrés Pérez -a quien Chávez había tratado de derrocar-
lanzó un ultimátum de 7 puntos que el jefe de Estado debía
cumplir antes del 19 de abril. Entre las demandas de Soto,
quien decía representar al 75% de sus colegas, aparecía
“la independencia de los poderes públicos, en especial, el
Judicial”. El coronel de 49 años denunciaba que “en un
Gobierno donde el Presidente maneja el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) no se puede decir que haya democracia”.
Al conflicto en las filas militares se sumó el descontento
por las nuevas medidas económicas del Ejecutivo.
Curiosamente, los mismos diarios que tildaban a Chávez de
“comunista”, tras el anuncio del plan de ajuste a mediados
de febrero le colocaron el mote de “neoliberal salvaje”.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio el
visto bueno al recorte del 7% del gasto público y a la decisión
de abandonar el sistema bandas cambiarias y adoptar a la libre
flotación del bolívar. La consecuencia inmediata fue la
“argentinización” de Venezuela: devaluación de la
moneda, intervención del Banco Central para frenar el dólar,
largas filas en las casas de cambio y bancos, remarcación de
precios, histeria generalizada.
En esta atmósfera alterada estalló la crisis interna en la
empresa petrolera estatal. Los gerentes de la entidad –y no
los trabajadores- se levantaron en contra de la designación
presidencial, a la que calificaron como “política”, de
una nueva junta directiva encabezada por el economista Gastón
Parra. El problema interno se prolongó por varias semanas y
la amenaza con el cese total de actividades irritó a Chávez:
“No voy a permitir que paren Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Si la paran, la militarizo”.
Tanto la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)
conducida por Carlos Ortega como la organización patronal
Fedecámaras, de Pedro Carmona, se unieron a la protesta.
Después de posponer el paro del 18 de marzo por “fallas en
la organización”, dispusieron para el 11 de abril una
huelga general por tiempo indefinido. El día previo, el periódico
El Nacional alentaba
desde sus páginas: “Tomemos las calles”. Y el canal
Globovisión advertía con placas: ¡Ni un paso atrás!
Después del 11
“La Constitución nos impone la obligación de mantener
el orden interno y por lo tanto evitar más derramamiento de
sangre (...) Le fui leal hasta el final, le serví hasta esta
tarde, pero los muertos de hoy no se pueden tolerar”,
proclamaba el comandante de Ejército Efraín Vázquez. Cámaras
de televisión y una invasión de flashes registraron el
instante en el que un grupo de oficiales de alto rango
desconocían la autoridad del jefe de Estado y exigían su
dimisión. A partir de entonces, los medios de comunicación
nacionales y extranjeros difundían la noticia de la renuncia,
el coronel Hugo Chávez ya era el “ex presidente”.
Las siguientes 48 horas que sucedieron al jueves 11 de abril
vieron pasar al titular de Fedecámaras Pedro Carmona como
mandatario de transición, la disolución de la Asamblea
Nacional, legitimaciones de ciertos organismos y gobiernos
internacionales a la flamante administración, persecución de
funcionarios chavistas y una enorme confusión exacerbada por
los medios de comunicación. Mientras, Chávez detenido se
rehusaba a renunciar. ¿Era esto un golpe de Estado? No, de
acuerdo con el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
No hubo “mérito de rebelión” y los cuatro militares
involucrados fueron absueltos.
La decisión judicial dejó libres a Efraín Vázquez, al ex
jefe del Estado Mayor Unificado de las Fuerzas Armadas Pedro
Pereira, al ex jefe de la Armada Héctor Ramírez y al
contralmirante Daniel Comisso Urdaneta. Algunos especialistas
opinan que esta determinación habilitaría la posibilidad de
nuevos alzamientos armados sin que hubiera consecuencias
legales.
Furioso con la resolución del TSJ, Chávez definió a los
magistrados como “negociadores de oficio”y agregó que
“se la pasan emborrachándose en los bares de Caracas”.
Alineados con su líder, los diputados del partido oficialista
Movimiento Quinta República (MVR) iniciaron una investigación
a los jueces que según los dichos del jefe de Estado habrían
“falsificado los documentos que avalaron sus nombramientos
hace dos años”. El parlamentario Darío Vivas, integrante
de la comisión especial que estudia el accionar del Poder
Judicial, confió a Segundo Enfoque: “Nos
dimos cuenta de que algunos magistrados no comprenden la
importancia que tiene el rol que les toca jugar como garantes
de la justicia y de que se vendieron al mejor postor”(ver
aparte).
En cambio, para el diputado de Acción Democrática (AD)
Rafael Marín los jueces “actuaron con sensatez”(ver
aparte). Además, afirmó que “los militares están siendo
juzgados arbitrariamente por la sencilla razón de que
marcaron distancia del régimen, no acataron las órdenes que
Chávez les dio de activar el Plan Ávila que consistía en
reprimir a la manifestación popular su contra”.
Mientras tanto, el 11 de cada mes miles de venezolanos
circulan por las calles, entre gritos y banderas, para
reclamar. Algunos exigen la destitución del primer mandatario
por su supuesta responsabilidad en los crímenes del fatídico
abril. Otros, repudian el fallo del TSJ y alertan sobre la
existencia de planes para derrocar a su líder.
Emboscadas
El fantasma del derrocamiento del primer mandatario
sobrevuela cada rincón de Venezuela. Una minoría de
intelectuales y funcionarios abonan la tesis de que la nueva
embestida contra Chávez, fracasada la vía golpista, será
mediante instituciones como el Parlamento y el TSJ. Los
magistrados de la Corte han dado el primer paso: demostraron
que no son incondicionales a Chávez.
Ya superan una decena las causas en contra del jefe de Estado:
por financiamiento de los Círculos Bolivarianos con dinero
del Fondo Intergubernamental para la Descentralización, por
crímenes de lesa humanidad durante el 11 de abril, por el
convenio con Cuba que ocasionaría “una daño
patrimonial”, por incitación a la violencia y uso indebido
del uniforme militar, entre otras.
El diputado opositor Rafael Marín impulsó la presentación
de dos querellas. Una, patrocinada por el abogado Tulio Álvarez,
sobre el presunto financiamiento ilegal de la campaña
presidencial con fondos provenientes del Banco Vilvao Vizcaya.
La otra, acusa al Gobierno de recibir dinero sospechoso del
Banco Santander. “No se justifica por qué razón Chávez,
que había amenazado con nacionalizar la banca, recibe 1.8
millones de dólares que no fueron declarados”, sostiene Marín.
A pesar de las constantes denuncias, los legisladores de la
oposición no creen que Chávez sea destituido por esa camino.
Para que el Presidente sea enjuiciado por el Máximo Tribunal,
la Asamblea debe autorizar el proceso. Las fuerzas
oficialistas todavía controlan el órgano parlamentario, por
lo que es poco probable que se avance en ese sentido.
Entonces, se potencian los otros pronósticos. Según Marín,
“la salida de Chávez va a ser una consecuencia directa de
la acción de las masas populares en la calle, una huelga
general, una eventual intervención militar en el marco de la
Constitución”. En esta opinión coincide con el titular de
Fedecámaras Carlos Fernández, quien duda que el Presidente
culmine su mandato y, además, trabaja para ello.
Para el diputado del MAS Pedro Castillo, otrora aliado del
Ejecutivo, “el dilema no es si Chávez termina o no termina,
sino más bien, cuándo se va y de qué manera”. Sin
embargo, rechaza cualquier acción golpista cívica o militar.
La lectura oficial interpreta que hay un complot. En
los últimos días, ha sido analizado en la Asamblea Nacional
un supuesto documento asumido por la Coordinadora Democrática
–asociación que reúne a los partidos políticos y demás
grupos opositores- que detalla un plan de conspiración. En la
lista, según el oficialista Darío Vivas, se precisa cómo
actuarán los medios de comunicación, cómo se “estrangulará”
la economía y cómo utilizarán a los trabajadores. “Hay
muy poca oposición que se pueda llamar democrática, que se
maneje en los términos constitucionales”, reflexiona el
diputado. Arriba
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