|
20º
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE ARTURO ILLIA
Uniformes
color petróleo
Por Jesica Bossi
Empezando por el golpe de
Estado a Hipólito Yrigoyen en 1930, los derrocamientos de los
gobiernos de Ramón Castillo, Juan Domingo Perón, Arturo
Frondizi y Arturo Illia tuvieron sabor a “oro negro”. El
petróleo, recurso estratégico, se convirtió en un elemento
de presión política.
En su programa de gobierno, Arturo Illia incluía, entre otros
puntos, eliminar la desocupación, aprovechar plenamente todos
los factores productivos, defender el valor de la moneda,
anular los contratos petroleros con empresas extranjeras,
buscar nuevos mercados sin exclusiones ideológicas, reafirmar
la política americanista del radicalismo.
Muchas de las promesas de campaña se tradujeron en hechos
concretos, inclusive las más polémicas. Así lo relata el ex
presidente, en uno de sus últimos reportajes, en el diario Clarín:
“Al mes y pico de haber asumido, el 17 de noviembre
de 1963, anulamos los contratos petroleros. Eso fue un
viernes, y el sábado me dicen que el embajador de Estados
Unidos quería entrevistarse conmigo. Poco después, el doctor
Zavalía Ortiz (canciller)
me dice que el presidente Kennedy quería que recibiera un
enviado especial del gobierno norteamericano. Dije que sí y
llegó Averel Harriman (...) que me dijo: ‘El presidente
Kennedy cree que un convenio firmado por dos partes, de estas
características, no puede ser anulado por una’. Yo le
contesté: ‘Sí, eso es verdad, pero éste no es un convenio
que pueda regirse por el derecho público y pagaremos las
justas indemnizaciones a las respectivas compañías’”.
Días después, en una conferencia de prensa en Miami, a John
F. Kennedy le preguntaron sobre la cancelación de los
contratos petroleros y las relaciones con la administración
argentina. “El gobierno argentino ha firmado ese decreto,
entendiendo que así defiende la soberanía política y económica
de su país. Está dispuesto a indemnizar a las empresas con
justicia, por lo que entiendo que es un problema terminado”,
declaró el presidente estadounidense.
Sin embargo, la decisión de romper con los compromisos
asumidos por su antecesor Arturo Frondizi, originó fuertes críticas
de algunos sectores, especialmente los liberales, y fue un móvil
crucial en los planes del golpe. En ese sentido, Felix Luna
explica: “Illia (...) se encontró frente a una dura
disyuntiva: cumplir con lo proclamado en las tribunas
partidarias y frustrar una política que había traído
ventajas indiscutibles; o rectificar sus compromisos
electorales y mantener la continuidad de un régimen cuyos
beneficios quedarían tácitamente reconocidos”. Y agrega:
“No pudo sobreponerse a las promesas de su oratoria
electoral. Decidió anular los contratos por decreto, con
alborozo de su partido (...) Esta fidelidad costó al país
entre 120 y 200 millones de dólares en concepto de
indemnización a las compañías extranjeras afectadas y un
vertiginoso descenso en la producción de petróleo”. Muchos
detractores de la cancelación de los contratos argumentan que
el principal perjuicio es que favoreció la importación de
hidrocarburos en desmedro del autoabastecimiento productivo.
Por su parte, Rogelio Frigerio, dirigente político
desarrollista y asesor de Frondizi, asegura: “A partir de la
firma de los contratos, la política petrolera del gobierno
desarrollista fue objeto de las más extraordinarias críticas,
al punto de constituir el eje de campaña de las elecciones
que siguieron al derrocamiento del doctor Frondizi. Por
entonces se afirmaba que los contratos constituían la expresión
de la ‘entrega’ y los ‘negociados’ de los que se
responsabilizaba a Frondizi y a Frigerio”. Asimismo, para
Frigerio, los nacionalistas y la izquierda que consideraban a
los contratos petroleros lesivos para la soberanía nacional,
olvidaban algo central: “A los fines del desarrollo del país,
no importaba (ni importa) el origen del capital sino su
destino, es decir, a qué actividades se lo ligaba y si ellas
quebraban o no las estructuras que encorsetaban la economía e
impedían el camino hacia su expansión total”.
Lejos de los planteamientos de la administración de Illia,
las dos últimas dictaduras militares entre 1966 y 1973 y
entre 1976 y 1983 tendieron a desnacionalizar la producción
petrolera. Esta política se profundizó con la privatización
de la compañía estatal YPF y la desregulación de los
hidrocarburos durante la gestión de Carlos Menem. Arriba |
